Política


Empresario le cobra y candidato a la Alcaldía se defiende

REDACCIÓN POLÍTICA

24 de abril de 2018 12:00 AM

El empresario italiano Salvador Frieri, y la empresaria colombiana radicada en Italia, Patricia Cáceres, emitieron un video y una llamada a una emisora cobrándole 250 millones de pesos al candidato a la Alcaldía, Andrés Betancourt, quien les respondió y dijo que prepara acciones jurídicas.

“Le he interpuesto demandas civiles y demandas penales (a Betancourt) y no he logrado que el señor me pague ($200 millones); por eso le he enviado una documentación a mi abogado para embargarle la cuenta  de la campaña”, dice Frieri en el video que circula en las redes.

“Estoy dispuesto a demostrar el fraude que él ha cometido, la estafa y la no voluntad de pago por tantos años”, dijo el empresario italiano.

“La ciudad no merece una persona que ha estafado en  lo privado, qué hará en lo público”, señaló Frieri quien reiteró que: “No estoy con Quinto”, refiriéndose al otro candidato a la Alcaldía, por el partido Conservador.

Al hecho se sumó desde Italia Patricia Cáceres quien dijo a emisoras locales que le prestó recursos al candidato en el 2000 para comprar unas máquinas para hacer helados, y desde entonces este le adeuda $50 millones en un largo litigio jurídico de varios años.

Betancourt: “Frieri fue vencido en juicio”
A través de un video y un comunicado, el candidato Betancourt le salió al quite a los señalamientos y desmintió las acusaciones de Frieri a quien exigió rectificación inmediatamente o de  lo contrario procederá a denunciarlo ante la justicia por calumnia agravada. Betancourt exigió rectificación por falsas acusaciones. “Soy victima de calumnia agravada”, dijo.

Betancourt, desmintió las acusaciones en su contra que hizo circular en redes sociales  Vicente Frieri Gallo, y reiteró que exige una rectificación inmediata o por el contrario procederá a denunciarlo ante la justicia por calumnia agravada.

La falsa denuncia pública pretende crear un manto de dudas sobre la idoneidad moral y política del candidato, con la exclusiva intención de causar daño, en una clara violación de sus derechos constitucionales y legales como ciudadano.

Los hechos a los que se refiere el supuesto denunciante corresponden a un proceso  de hace 13 años, fallado por la justicia en dos instancias a favor de Andrés Betancourt González y que hacen tránsito a cosa juzgada.

Explica el caso

“En la  sentencia de primera instancia  fechada el 28  de septiembre de 2005,  el  Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena resolvió: “Declarar probada la excepción de mérito presentada por la parte ejecutada, Andres Fernando Betancourt González. Posteriormente, ante apelación de la contraparte, se  surtió el recurso en la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, siendo Magistrada Ponente la doctora Betty  Fortich Pérez, bajo el radicado 581-380, emitiendo sentencia de fondo el 7 de diciembre de 2006 en la que, en su parte resolutiva dispuso: 1º.- Confirmar la  sentencia de 28 de septiembre del 2005, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena”, explicó el candidato Betancourt.

Como retaliación por haber sido vencido en juicio,  Frieri presentó denuncia penal  en contra de Betancourt, la cual , correspondió en  primera instancia al Juzgado segundo penal del circuito bajo el radicado 2009-36503, autoridad judicial que profirió sentencia absolutoria el 15 de noviembre de 2011; la misma  fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena siendo Magistrada Ponente la doctora Patricia Corrales Hernández mediante sentencia de fecha seis 6 de marzo de 2014, informó la campaña del candidato.

En la solicitud de rectificación enviada al domicilio de quien generó la falsa denuncia, Andrés Betancourt le advierte que la  constitución y la Ley determinan que la libertad de opinión no puede servir para denigrar   al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor, y señala que “ si usted no rectifica quedo habilitado para acudir a un juez constitucional, quien debe propender porque se tomen medidas para que cese la vulneración  y, además, para que se restauren mis derechos como afectado”.

 

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