En apenas 25 años de vigencia, la Constitución Política de Colombia promulgada el domingo 4 de julio de 1991, ha sufrido ya 41 modificaciones, sin contar aquellos actos legislativos que por distintas razones han sido declarados inexequibles.
Pese a ello, para los entendidos se trata de uno de los textos constitucionales más modernos del mundo y uno de los más garantistas, pues a lo largo de su corta historia ha permitido desarrollar aspectos impensables hace un cuarto de siglo y que ubican a Colombia como un país referente.
Los expertos, no obstante, tienen opiniones encontradas frente a la lectura que puede hacerse por tantos cambios a la Carta Política en sus cinco lustros de existencia -casi dos por año-, pues algunos como el exconstituyente y exministro Jaime Castro consideran que existe la convicción de que elevar cualquier normativa a rango constitucional “da caché”, otros como el exmagistrado José Gregorio Hernández dicen que “el Congreso ha abusado de su poder de reforma”.
Con todo, los analistas consultados por COLPRENSA coinciden en que si bien la Constitución no es un cuerpo pétreo, inamovible, tampoco es conveniente modificarla “según la coyuntura política”, como advierte el catedrático Juan Manuel Charry.
“El Congreso ha sido poco serio en el ejercicio reformatorio. Ha habido muchas equivocaciones, muchos errores, a la Constitución se le perdió el respeto, porque se ha perdido de vista el Estado Social de Derecho, muchos postulados básicos se han desvirtuado y en otros aspectos se ha retrocedido. Es que reformar la Constitución Nacional no debería ser nada fácil”, considera el exmagistrado Hernández.
LAS BUENAS REFORMAS
Para el senador y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Antonio Navarro Wolf, entre las buenas reformas que ha tenido la Constitución del 91 es la reforma política que estableció el umbral para los partidos políticos, pues de 80 colectividades se pasó a menos de diez.
También destaca el manejo central de las regalías que antes estaba en manos de los municipios y la eliminación de la reelección presidencial inmediata. Este último aspecto, dice el ex ministro Castro, “fue un verdadero estropicio jurídico, político e institucional”.
El profesor Charry agrega en esta categoría las modificaciones al régimen electoral colombiano y el régimen de partidos.
LAS MALAS REFORMAS
En estos 25 años, sin embargo, también ha habido actos legislativos reformatorios de la carta Magna que, a juicio de los expertos, han hecho retroceder al país en algunos aspectos.
Por ejemplo, el exmagistrado Hernández Galindo sostiene que ha retrocedido en materia de descentralización o en el debilitamiento del Estado Social de Derecho por razones de sostenibilidad fiscal, mientras que el senador Navarro menciona la reforma de las áreas metropolitanas o la que redujo las transferencias a las regiones por la crisis fiscal de 1998.
“La mayoría de actos legislativos eran innecesarios, esos cambios se hubieran podido manejar con leyes o actos administrativos, pero ha habido ministros y congresistas que han querido pasar a la historia cambiando un artículo, un parágrafo y hasta una sola palabra de una norma”, dice el exconstituyente Jaime Castro.
LAS REFORMAS INNECESARIAS
También ha habido algunas reformas a la Constitución, que según los analistas eran innecesarias, porque en nada afectan la vida institucional del país. Un ejemplo es la que le quitó el Santa Fe a la Capital del país, la que estableció la expropiación administrativa sin indemnización por razones de equidad o la que facilita la nacionalidad colombiana a hijos de connacionales nacidos fuera del país.
También se han presentado varios actos legislativos que la propia Corte Constitucional ha declarado inexequibles por vicios en su tránsito legislativo. Son los casos del llamado Estatuto Antiterrorista, uno sobre carrera administrativa y otra que impedía que los congresistas se declararan impedidos en ciertos temas, y el más sonado: el que hundió la reforma a la Administración de Justicia.
Inclusive, hubo un parágrafo transitorio que elevó a rango constitucional al Sindicato de Trabajadores de Inravisión.
“Desde 2003 la Corte Constitucional ha hecho esfuerzos para evitar la sustitución de la Carta Política para frenar el abuso del poder de reforma del Congreso. Pero también hay que reconocer que la Corte ha incurrido en decisiones desproporcionadas como sucedió con la reforma de equilibrio de poderes: la Corte redactó todo un artículo. Eso es censurable porque interfiere con los otros poderes públicos”, señala el exmagistrado Hernández.
Lo más preocupante para los analistas consultados, es que con el acuerdo de paz que se firmará en La Habana, vendrán más cambios a la Constitución Política de 1991.
“Estamos ante el riesgo de tener dos Constituciones simultáneamente: la del 91, que el país ya conoce, y la que se está redactando en La Habana pero que nadie conoce”, dice el ex ministro Castro, al explicar que en la reforma número 41, el llamado ‘Acto legislativo para la paz’, quedarán incluidos los acuerdos a que lleguen el Gobierno y las FARC.
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