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En Colombia, 4.700 concejales se encuentran bajo amenazas

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La Defensoría del Pueblo, en cabeza de su director Jorge Armando Otálora, solicitó con urgencia medidas efectivas de seguridad para 4.700 concejales del país quienes -dice-, se encuentran bajo amenazas. 

De ese número de funcionarios aproximadamente 2.400 no tienen ninguna protección efectiva. 

Está declaración fue hecha tras conocerse la denuncia por el homicidio de Luis Chalpatar Rivera, indígena Kamëntsá, de 49 años de edad, y miembro del Movimiento Social Indígena (ASI) y Presidente del Concejo Municipal de Puerto Asís (Putumayo). 

Según se ha informado, Chalpatar Rivera fue atacado el pasado sábado por sicarios que se movilizaban en motocicleta cuando llegaba a su residencia. 

Por estos hechos se han enviado cartas al Ministro del Interior, Aurelio Irragori, buscando una reunión urgente para encontrar soluciones a esta problemática. 

Otálora habló de 11 casos puntuales en Riosucio y Litoral del San Juan (Chocó) entre otros municipios, sobre los cuales existen amenazas que han proferido los grupos armados ilegales. 

“Resulta preocupante el reporte entregado por Fenacon, en el que se indica que el 30 por ciento de los 2.300 concejales que en la actualidad cuentan con esquemas de protección han manifestado inconformidad relacionadas, entre otros, con la irregularidad en los pagos de reubicación y transporte, teléfonos celulares pues dicen no poseen cobertura en muchas zonas del país”, dijo Otálora. 

De la misma manera, el Defensor hace referencia a la entrega de chalecos blindados cuyas fechas de vencimiento datan del año 2010, o de años anteriores. Esto –dijo- “hace que los cabildantes queden expuestos a situaciones de riesgo”. 
 

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