El concejal William Pérez, habitante del barrio San Francisco le recordó a la Aerocivil y a la empresa Aguas de Cartagena, los compromisos con la comunidad del barrio San Francisco, vecina de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez.
Las peticiones las hizo el concejal en el debate en la corporación con citación a los voceros de estas entidades.
“Lo que hemos exigido a esta entidades es que se cumpla lo solicitado por el juez de tutela, a la empresa Acuacar, que terminen de eliminar los vertimientos de aguas servidas al Caño Juan Angola, que compren el resto de viviendas que hacen falta por comprar, unas 80 casas; y consecuencialmente con la adquisición de esas viviendas se construya una barrera de sonido, para minimizar el perjuicio a estas comunidades”, explicó el concejal a El Universal.
El concejal aclaró que más que una petición es una exigencia que las entidades deben cumplir porque “existe un incidente de desacato del 16 de diciembre pasado, dentro de una acción popular presentada”.
El fallo cumplió ayer dos meses de estar en curso y por eso el tribunal creo una comisión de verificación de ese incidente de desacato.
“Sugerimos que el Concejo integre esa comisión de vigilancia y que Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. SACSA (que no está en el fallo) haga parte de estas obligaciones porque son concesionarios del aeropuerto”, explicó el concejal.
“Es preocupante que un proceso tan antiguo todavía no lleve un beneficio total a dichas comunidades. El llamado es también para el gobierno local, hay que hacer un balance real en cuanto a la afectación de salud que sufren tantas familias”, dijo César Pión de la bancada citante.
La Aerocivil no acudió al debate. Varios residentes y oradores afectados también acudieron al Concejo para exigir el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal.
Lo dicho por las entidades
En representación de SACSA acudió Consuelo Acevedo, quien anunció que “ya están asignados $3 mil millones para la construcción de una barrera contra el ruido, pero aguardan por la compra de predios que deben realizar los accionados”. El gerente de Aguas de Cartagena, John Montoya expresó que el fallo “sí se está cumpliendo”. Reveló que junto con el Instituto Agustín Codazzi se avanza en un censo de avalúo de las casas para tasar un precio.
El gerente de Acuacar entregó un archivo con las escrituras públicas de compraventa realizadas por Acuacar “que corresponden al 25% del total de inmuebles determinados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, según las cargas económicas que la misma corporación estipuló. En cuanto a las compras hechas por Aeronáutica Civil, muy respetuosamente indicamos que ello es de resorte de dicha entidad”, explica.
“La orden en cuanto a la eliminación de vertimientos, fue realizar las obras que fueran necesarias para eliminar los vertimientos de aguas negras junto a la pista del aeropuerto y al Caño Juan Angola y se cumplió esta obligación, por lo tanto, no existe orden expresa por parte de los tribunales que fallaron sobre esto”, agrega Montoya.
“Las viviendas y mejoras adquiridas por Acuacar fueron demolidas y actualmente estamos en el cuidado, control y vigilancia de los terrenos desocupados. No obstante esta labor no es obligación de Acuacar ni de la Aeronáutica Civil pues en la sentencia claramente se le ordena esto a Edurbe”, finalizó Montoya.La historia de una acción popular
La acción popular fue interpuesta hace más de 15 años por los habitantes de barrios como San Francisco, 7 de Agosto y el sector Loma de Vidrio, a través de la cual la comunidad afectada por el ruido de la pista del Aeropuerto Rafael Núñez, reclamó la compra de predios y que se mejorara el medio ambiente del entorno.
