La bancada del Partido de la U en el Concejo citó a audiencia a las empresas Aeronáutica Civil de Cartagena y Aguas de Cartagena, al debate sobre la sentencia confirmada por el Consejo de Estado, el 24 de agosto de 2001, que tuteló los derechos colectivos de “goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad pública, a sectores de los barrios San Francisco y 7 de Agosto”, e impuso a estas empresas cumplir con exigencias como la preservación del medio ambiente y el control de ruido de los aviones en la pista aledaña.
La decisión fue consecuencia de la acción popular presentada por el entonces personero distrital, Pedrito Pereira Caballero, en 2001.
El gerente de Acuacar y representantes de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en Cartagena se excusaron y no asistieron al debate, lo que afectó la realización del informe detallado y de cómo va el proceso ante la plenaria y los asistentes de las comunidades afectadas.
Para el concejal César Pión, citante del debate, “es el Alcalde, quien debe estar al frente de la situación”.
Consideró que “se trata de que la Administración distrital se apersone, y las dos empresas involucradas respondan”.
Pión hizo un llamado a la unidad por parte de los concejales, y al compromiso de los servidores públicos y los entes de control, vigilar la aplicación del fallo que obliga las entidades citadas a responder por los daños y perjuicios producto del excesivo ruido y las condiciones de insalubridad.
El concejal de la bancada liberal, Hernando Trucco dijo que “después de trece años de una acción popular donde la comunidad solicitaba la solución de los daños al medio ambiente aún está esperando que esta problemática sea resuelta”.
Trucco conminó a las empresas encargadas de responder por el fallo Acuacar, Aerocivil y a las que se suma Edurbe que le corresponde el saneamiento del caño a que “cumplan sin más dilataciones”.
Falta comprar 42 casas
El personero distrital, William Matson, explicó que después de varios años la Personería ha logrado cumplir con el proceso.
“La Personería ejerció la acción popular en defensa de la comunidad, hemos estado presentes en todo el proceso judicial que llevó a la sentencia, pero hubo algunos inconvenientes de tipo organizativo”, explicó Matson.
“La sentencia decidió que las entidades implicadas debían comprar 82 casas; y todas dijeron que habían cumplido; pero cuando verificamos eso no era cierto. Por eso iniciamos un incidente de desacato, y entonces viene la sanción a Aguas de Cartagena ordenándole la compra de cierto número de casas, pero que resultaron ser menos casas, porque esta empresa ya había comprado unas viviendas con el inconveniente de que varias de estas, eran habitadas por tres familias, una situación no contemplada en la sentencia”, relató.
“La conclusión a que hemos llegado es que faltan 42 casas por comprar para que se cumpla el fallo”, dijo Matson.
El funcionario de control destaca que todo fue el resultado de una inspección casa por casa y de escritura por escritura.
Habla la comunidad
Ante el Concejo, hablaron por parte de la comunidad Bleider Torres, residente de San Francisco; Oswaldo Pérez, líder del mismo barrio y Lucila Hoyos, del comité de verificación y seguimiento de la acción popular.
Estas personas reclamaron el pronto cumplimiento de la orden judicial.
El Universal trató de obtener los puntos de vista de las empresas implicadas en este caso, pero no fue posible.
Antecedentes
El 12 de junio de 2000 la Personería de Cartagena promovió esta acción popular contra Edurbe S.A., Aguas de Cartagena E.S.P. S.A., la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis); acción que fue fallada por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de 19 de abril de 2001, de la que fue ponente la magistrada Nhora Jiménez Méndez.
Lo que se busca
La demanda a las empresas busca proteger el derecho colectivo a un ambiente sano de los pobladores de los barrios aledaños al aeropuerto Rafael Núñez afectados por contaminación sonora y ambiental por vertimientos de aguas servidas.
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