La expectativa que rondan los comicios del 9 de marzo en los que se elegirá la nueva composición del Congreso de la República se ha visto aumentada por la capacidad que tendrán las autoridades de reaccionar “en caliente” al fraude electoral.
La Misión de Observación Electoral (MOE), presentó, la semana pasada, los mapas de riesgo electoral en el los que enumeró las regiones donde las autoridades electorales deben estar más vigilantes. De acuerdo con este organismo, los departamentos con mayor riesgo electoral son Guainía, Amazonas, Caquetá, Arauca, Atlántico, Vaupés, Guainía, Vichada y Sucre.
Pero, aunque desde el Ministerio del Interior y de la Registraduría Nacional se ha defendido que estas elecciones serán las más transparentes pues implementará innovaciones tecnológicas como la biometría, este organismo alertó sobre aumento de riesgos electorales, especialmente en 389 municipios en los que donde hay indicativos de posible fraude y violencia durante los comicios.
Según la MOE, en el país hay 60 municipios en riesgo extremo, 147 en riego alto, 182 en riesgo medio. De ellos, el 80 por ciento están ubicados en 14 de departamentos donde Antioquia, Cauca y Nariño, son lo que más tienen. Pero a pesar de que este organismo presenta un mapa sobre las zonas más sensibles para que se cometan delitos electorales, en opinión de la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carrillo, todo el territorio nacional es objeto de preocupación.
Las estrategias van desde el Consejo Nacional Electoral a instaurar Tribunales de Seguimiento Electoral en 18 lugares. La Registraduría se prepara con tecnología. El ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, desplegarán más de 260.000 efectivos para garantizar que, después de los comicios, no se presenten asonadas o alteración del orden público. Estas son los delitos que tienen encendidas las alarmas.
INSCRIPCIÓN ATÍPICA DE CÉDULAS DE CIUDADANÍA
Este es uno de los riesgos que, aunque no es en sí mismo un delito, da cuenta de posibles conductas que están por fuera de la ley como una posible compra de votos, de acuerdo con lo que advirtió la Procuradora Carillo. La región en la que se presentó una inscripción inusual de cédulas de ciudadanía para las elecciones fue Atlántico, específicamente en los municipios de Soledad y Barranquilla. Además, una inusitada inscripción de cédula también puede prender las alarmas sobre trashumancia de votos pues personas que no viven en un municipio o región se registran para votar en otra lo que eleva sospechosamente su censo electoral.
RETENCIÓN DE CÉDULAS
Dentro de los delitos electorales, la retención de cédulas es una práctica que, según el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, se presenta con más frecuencia de lo que se cree. Según explicó, las empresas con el pretexto de actualizar sus bases de datos, retienen las cédulas de ciudadanía de sus empleados de modo que no puedan ejercer el derecho al voto durante el día de los comicios.
SUPLANTACIÓN DE ELECTORES
Esta es una de las prácticas que buscará evitar la Registraduría el día de los comicios. Para ello, se ha valido de la implementación de la tecnología biométrica que consiste en escanear las huellas digitales del elector de modo que éstas coincidan, junto con la cédula, con los datos que reposan en el censo electoral.
Sobre este asunto, el Registrador, Carlos Ariel Sánchez, dijo que el censo electoral fue depurado para que “los muertos no puedan votar”.
Pero fuera de la depuración y de la biometría, Sánchez anunció otras dos innovaciones. Por un lado, el uso de un sticker que se le entrega al elector luego de que ha superado el proceso de identificación biométrico. Este papelito deberá ser entregado al juez de la mesa para poder votar.
“Consiste en que el ciudadano llegue al puesto de votación, habrá lectores biométricos que expiden un comprobante que debe llevar, la persona que desea votar, al jurado de votación para que lo pueda anotar como votante. No puede votar quien no tenga el stiker”, explicó.
Según dijo, estos comprobantes deberán ser recolectados por los jueces y presentados de manera compilada a la Registraduría, de modo que la cantidad de estos sticker coincida con el número de votos en la mesa.
SUPLANTACIÓN DE JURADOS
Para suplantar jurados, las autoridades han detectado dos prácticas recurrentes. Sánchez recordó que la asignación de quienes desempeñarán este papel durante los comicios se realizará en un sorteo público que elegirá, de manera aleatoria, a las personas seleccionadas para ser jurados de una base de datos presentada por empresas.
De acuerdo con el Registrador, para estas elecciones el ente electoral realizó un proceso de verificación de las bases de datos de empleados que presentaron las empresas pues algunas de ellas no correspondían con la realidad. Es decir, algunas organizaciones incluyeron personas que no trabajan en la entidad.
“Cada vez que se realizan las listas de jurados, se mira a quién se postula y se verifica si son de verdad empresas con esa capacidad de nómina o si simplemente están creando o enviando listas de nómina que no corresponden", declaró.
Por otro lado, el ente electoral tomará medidas pues en el 2010 se presentó, de acuerdo con el registrador delegado para Asuntos Electorales, Alfonso Portela, una situación en la que se falsearon 900 documentos para “desnotificar” a los jurados; razón por la que unas 215 personas no se presentaron como jurados a los comicios.
ALTERACIÓN DE LAS ACTAS
Cambiar el reporte de resultados de las actas que arrojó una mesa para favorecer a alguna de las partes es una de los delitos electorales más recurrentes. Para evitar estas prácticas la Registraduría también va a innovar. Según el Registrador, a las cuatro de la tarde, cuando se cierran las urnas, deberá expedirse tres colillas del acta.
La primera, es la que se envía a las Comisiones Escrutadoras de la Registraduría Nacional para respaldar el resultado del escrutinio final. La segunda, irá a manos de los delegados para que hagan el preconteo cuyos resultados parciales se van publicando en el la web a través de la cuenta oficial de este organismo electoral en Twitter. La tercera, será escaneada e irá directamente a la página web.
Según el Registrador, estas tres actas deben coincidir entre sí lo que dificultará la alteración de las mismas y, a su vez, hará más fácil la tarea de detectar los casos de manipulación de resultados. Aún así, Sánchez llamó la atención sobre la gran resistencia que existe entre la ciudadanía e incluso entre los funcionarios públicos para desempeñarse como jurados de votación.
FRAUDE, CORRUPCIÓN Y CONSTREÑIMIENTO AL ELECTOR
Son los tres delitos sobres los que históricamente han estado detrás las autoridades electorales. De acuerdo con lo que explicó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, la corrupción al elector se da cuando le ofrecen un beneficio a cambio de su voto. De acuerdo con lo que hasta el momento ha detectado la Fiscalía en el proceso electoral que están en curso, se han ofreciendo kits escolares y hasta 50 mil pesos a cambio del sufragio. Es decir, compra de votos. Sin embargo, aclaró que en estas conductas “existen fronteras” pues algunos beneficios como ofrecer refrigerio o facilitar el transporte de los electores no corresponden a actos de corrupción dado que se circunscriben a las dinámicas del proceso electoral.
Perdomo también aclaró que el fraude al elector ocurre cuando el candidato hace promesas al elector que de antemano sabe que no puede cumplir y, por lo tanto, se consideran como conductas con las que se engaña al sufragante. El constreñimiento al elector se presenta cuando el ciudadano llega a las urnas para votar por determinado candidato bajo presión so pena de ser víctima de represalias. Este delito se presenta con más frecuencia en aquellas zonas con alta incidencia de grupos armados ilegales.
MANIPULACIÓN DEL VOTO NULO
De acuerdo con la MOE, la manipulación del voto nulo es uno de los riesgos que también dejan entrever que se están cometiendo otros delitos. Esta práctica consiste en manipular la intensión del votante para favorecer algún candidato. Para este organismo, niveles muy bajos de votos nulos pueden ser un indicativo de constreñimiento al elector, mientras que los niveles muy altos indican posible alteración de los resultados para disminuir los votos de algún candidato.
DESTRUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL
La destrucción del material electoral durante y después de las elecciones se considera un delito de la mayor gravedad. Esta práctica se presenta cuando se roban, rompen o se queman actas, tarjetones y urnas.
La Policía Nacional a través del director de Seguridad Ciudadana, Mayor General Jorge Hernando Nieto y las Fuerzas Militares serán las encargadas, durante las elecciones tanto de la seguridad de los sufragantes como de los candidatos y del material electoral. Además, deberán contener las azonadas y protestas que tengan lugar tras los comicios.
Sin embargo, las alarmas de las autoridades no se suscriben únicamente a los delitos electorales. Otras prácticas penalizadas como el cohecho, prevaricato y lavado de activos tienen lugar durante el desarrollo de las campañas. Pero mientras el país lucha por tener unos comicios transparentes, las autoridades advierten que la presencia de grupos armados ilegales no son los únicos que generan violencia durante las elecciones.
“Las elecciones en Colombia no necesitan más fuerza pública, sino por el contrario más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces para prevenir y castigar el fraude electoral. Cada vez más estamos blindados contra los ilegales pero desprotegidos frente a los políticos corruptos”, concluye la MOE.
*NOTA DE ÁNGELA MEJÍA CANO.
Comentarios ()