Con el fin de analizar la situación social y financiera de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Distrito, el Concejo de Cartagena aprobó la realización de un debate de control político promovido por el concejal de La U, César Pión, en el cual se espera que participen funcionarios del orden nacional.
La proposición que fue complementada en plenaria con algunas sugerencias, invita al Fiscal General, Ministro de Defensa, Procurador Provincial, Defensor del Pueblo, como también a los dignatarios titulares en Secretaría de Interior, Dadis, Secretaría General y directores de penales a nivel local.
Según el proponente, la realidad carcelaria se ha convertido en un inmenso problema social en el país y más en la Costa Caribe, donde por razones de la diversidad de delitos, están obligados a repensar la protección de los derechos humanos y el bienestar de la población civil.
En el mismo sentido la corporación solicitó al alcalde Mayor Manolo Duque, para que inicie las gestiones correspondientes para construir un nuevo centro penitenciario donde se pueda atender la alta demanda de sindicados y condenados existente en la ciudad.
“El gobierno local aporta solo 500 millones de pesos anuales para solventar las necesidades de 1000 imputados, mientras que el INPEC define por recluso 14.000.000 año, que cubren nada más alojamiento, vigilancia, y alimentación. Pero cómo tratamos la farmacia, atención médica, asesoría psicosocial; es hora de buscar soluciones definitivas y no seguir diciendo que los problemas son estructurales”, agregó el concejal Pión.
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