En una comunicación enviada a este medio, la exregistradora departamental Patricia Jiménez Massa, aclaró que no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades en el arrendamiento de la sede de la Registraduría en el Pie del Cerro.
Jiménez reclamó que en la información de la investigación que adelanta el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, por el arriendo de la sede de la entidad en la avenida Pedro de Heredia, que publicó este medio la incluye de “manera irresponsable y ponzoñosa”, y la relaciona erróneamente con conversaciones con el concejal Jorge Useche. Advirtió que no hay “objetividad en la información” y presume que hay una persecución contra ella, “porque es falso que el contrato empezó en el año 2016, dicho contrato empezó en enero de 2017”.
La Registraduría funcionaba en Manga, cuando Jiménez era la delegada del Registrador en el departamento, de ahí paso a la actual sede en el Pie del Cerro, en donde funcionó por algunos meses Corvivienda.
El registrador Galindo investiga por qué Corvivienda pagó 9 millones de pesos menos, y la Registraduría paga ahora un canon de 25 millones de pesos. En su aclaración Jiménez agregó que: “Es falso que tengo conversaciones de esto ni de ninguna índole con el señor Jorge Useche Correa y reto a que las busquen”.
“El mencionado contrato no lo firmé yo, ni ofrecí el bien (inmueble), ni conozco y nunca he hecho negociaciones con la mencionada firma arrendadora ni conozco a su representante legal”, agregó. “Toda la negociación de ese contrato lo realizó el nivel central a través del director administrativo Ricardo Rincón, lo cual se me hace muy raro que el señor Galindo no tenga conocimiento del canon con que fue pactada la negociación y peor aún después de 7 meses”, explicó la exfuncionaria en su comunicación.
Basados en 92 interceptaciones a las comunicaciones telefónicas de esta exdelegada, la Fiscalía le imputó varios delitos por presunto fraude electoral y por ello está detenida en su residencia bajo ese proceso.
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