El juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Pericles Rodríguez, no acogió los argumentos de nulidad de tres abogados defensores de varios concejales detenidos en casa por cárcel.
La medida pesa contra estos servidores públicos por haber incurrido, presuntamente, en los delitos de cohecho y prevaricato, en torno a la elección de la excontralora distrital de Cartagena, Nubia Fontalvo, a comienzos de 2016.
Para el juez Pericles, las peticiones de nulidad en el caso, “son improcedentes y extemporáneas por anticipación, ya que el acto procesal no se ha agotado”.
Esto sucedió en la audiencia de acusación ante el juez de conocimiento, que precede a la audiencia preparatoria a juicio, y que se llevó a cabo en las instalaciones del complejo judicial de la antigua sede de Telecartagena.
Hasta allí acudieron los concejales Américo Mendoza Quessep, Luis Cassiani Valiente, Antonio Salim Guerra, Duvinia Torres Cohen y William Pérez Montes, quienes están hoy fuera de sus curules y afrontando medida de casa por cárcel, por los punibles de prevaricato y cohecho, ya que, según la Fiscalía, habrían recibido dádivas y puestos públicos en entidades distritales y la misma Contraloría Distrital a cambio de votar por Nubia Fontalvo.
Otros imputados presentes fueron el exconcejal Ronald Fortich, y la exsecretaria General del Distrito, Luz Estela Cáceres. No asistieron los también concejales Édgar Mendoza y Erich Piña; así como el exconcejal Zaith Adechine, vinculados al caso.
Lo que pedían los abogados
Los abogados de la defensa de los concejales Mendoza Quessep, Guerra y otros, pretendían que se anulara las imputaciones por prevaricato e incluso cohecho, al argumentar que la investigación por prevaricato por acción ya había sido archivada con antelación por la Fiscalía Tercera, y que por ende, no podía la fiscal 53, Liliana Velázquez, abrir y seguir por el mismo caso una investigación en torno a la elección de Nubia Fontalvo.
Los abogados exigieron que si existía una orden de desarchivo, la Fiscal 53 debía mostrarla, aduciendo que no la conocían.
Ante ello la fiscal Velázquez explicó que esa orden sí existía en forma de una orden en constancia o acta, y que estaba implícita en la carpeta del proceso. La funcionaria judicial criticó a los abogados porque al parecer “no habían leído bien todo el proceso contenido en una carpeta, en donde estaban todos los soportes del mismo, incluida esa orden de desarchivo”.
Pero para el juez Pericles ese argumento no prosperó porque el desarchivo en sí no constituía un impedimento para que la Fiscalía siguiera investigando sobre el caso, con nuevas pruebas, elementos, y entrevista a los hoy imputados, aún cuando un fiscal haya decidido archivar una investigación sobre el mismo tema.
“Esta audiencia que se adelanta es precisamente para que haya un saneamiento del proceso. El desarchivo es solo una orden, y no viola el debido proceso del momento, además porque no se ha formulado la acusación”, dijo el juez.
“En la mente del abogado colombiano prevalece el hecho de que el negocio no se acabe, tienen una mentalidad anclada, que insiste en la forma por la forma; considero que estas peticiones de nulidad son un maquillaje que no van al fondo del asunto”, expresó el juez en una especie de regaño a los litigantes.
Por otro lado, el abogado del concejal Salim Guerra, pidió que se le suprimieran los dos delitos a su defendido, así como también la medida de casa por cárcel, porque no se ha demostrado en el cohecho la circunstancia de modo y lugar en donde haya recibido dádiva alguna, y porque se le están imputando dos delitos por prevaricato, cuando se trataba de uno, y todo eso suma presuntas inconsistencias en la teoría del caso.
Sin embargo el juez desestimó estos argumentos, y citó la audiencia preparatoria para los días 15 y 16 de noviembre, tiempo durante el que deberán permanecer detenidos.
Comentarios ()