Los doce muertos que dejó el colapso de la torre 6 del edificio Space de Medellín, el 12 de octubre de 2013; más los 21 muertos que dejó el colapso del edificio Portales de Blas de Lezo II en Cartagena, el 27 de abril de este año, fueron el triste referente del debate de la Comisión VII del Senado, sobre las construcciones en el país.
El debate fue citado por el segundo vicepresidente del Senado, Antonio Correa, para verificar si se están aplicando los instrumentos y normas contempladas en la Ley 1796 de 2016 o anti-Space.
Al debate fue citado el ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo; y el superintendente de Notariado y Registro (e), Jairo Alonso Mesa Guerra, quien no asistió, así como gremios del sector de la construcción, entre otros.
El análisis abordó cómo las autoridades están aplicando adecuadamente normas para la edificación de construcciones resistentes y que se eviten tragedias como la del edificio Space en Medellín y el de la reciente edificación en el barrio de Blas de Lezo en Cartagena.
El senador Correa expresó que ya es hora que Colombia se ajuste a las normativas internacionales en materia de construcción de viviendas que salven vidas y para ello dijo que se convertirá en un veedor permanente de la ejecución de dichas normas.
En su intervención Correa pidió que “se hagan realidad los decretos sancionatorios la ley para que sea aplicada en todo el país y se eviten tragedias como Space y Portales de Blas de Lezo”. Aunque el presidente Juan Manuel Santos sanció el 13 de julio de 2016 la ley, lo que reclama la Comisión Séptima es su entrada en vigencia después de un año, sobre todo el punto que hace referencia a las curadurías urbanas.
De hecho, la ley permitirá la organización del control urbano en las ciudades, municipios y distritos, ya que se aumentarían las curadurías urbanas.
“Debemos preguntarnos de dónde salen los recursos para las construcciones como el edificio de Blas de Lezo, cómo fue posible este tipo de negocios; qué tiene la banca comercial que decir sobre eso”, agregó Correa, quien cuestionó que podrían estar entrando recursos de dudosa procedencia hacia el negocio y que la banca debe explicar ese fenómeno.
Por su parte el ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, explicó que sí se está avanzando en la aplicación de la ley, y que los decretos en torno a la norma están próximos. El ministro se refirió a varios decretos que ya están permitiendo el control de las construcciones ilegales en el país.
A su turno, el senador Jorge Iván Ospina criticó la postura del Gobierno y de Minvivienda. Ospina dijo que en materia de aplicación de normas sismo resistentes el país anda muy mal. Citó el paso de huracanes como el Irma que afectó varias islas en el Caribe, y dijo que “menos mal no afectó la Costa Caribe, porque hubieran resultado afectadas todas las construcciones en Cartagena, Valledupar y otras ciudades”.
El debate se declaró abierto, por parte de la presidenta de la Comisión Nadia Blel, y tendrá un segundo capítulo en donde se espera la presencia del superintendente de Notariado, para escuchar sobre el censo de las construcciones ilegales en el país; la aplicación de normas urbanísticas y la sanción de la Ley anti-Space.
Alcances y beneficios de la Ley anti-Space
La Ley anti-Space nace para proteger al comprador de vivienda, incrementar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública que ejercen los curadores urbanos.
Permite que la revisión de diseños estructurales de edificaciones cuyos predios superen los 2.000 metros cuadrados construidos, la hará un profesional particular calificado, diferente al diseñador e independiente laboralmente de él. También podrán hacer esa labor personas jurídicas calificadas.
El Gobierno definirá los alcances, procedimientos, documentos y responsabilidades relacionadas con esa supervisión técnica. Esa supervisión se exigirá sin perjuicio de la obligación del constructor de realizar todos los controles de calidad y cumplir con los reglamentos. El supervisor técnico independiente debe expedir, bajo gravedad del juramento, la certificación técnica de ocupación, que se protocolizará por escritura pública.
Frente al tema de los amparos, el Código Civil ordena que si un edificio perece o amenaza ruina, en todo o en parte, dentro de los 10 años siguientes a su entrega, por vicios constructivos, del suelo o vicio en los materiales, el constructor debe responderle al comprador. Como amparo a este último, la Ley anti-Space ordena que el constructor o vendedor de la vivienda nueva cubran esos perjuicios patrimoniales “a través de su patrimonio, garantías bancarias, productos financieros o seguros, entre otros”.
La Ley anti-Space crea el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados para las labores de diseño, revisión y supervisión. Lo administrará el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.
Además crea la Superintendencia Delegada para el control de curadores urbanos.
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