Para Alberto Barbosa Senior, exalcalde de Cartagena el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, y en el que, según la Fiscalía, se demostraron las irregularidades en la contratación de obras del Parque de las Flores y la Plazoleta Capitol, no es como lo pintan.
Dijo que en su momento lograron demostrar la ilegalidad de una captura por parte de la Fiscalía y una medida de aseguramiento contra él y otros exfuncionarios, lo que pudo demostrarse por la vía de la Corte Suprema de Justicia. Advirtió que la Fiscalía “comete errores en un comunicado y no dice la verdad”.
Expresó que se trata de una decisión de primera instancia sobre una contratación que va a apelación al Tribunal Administrativo, en la que la Fiscalía y el juez pretenden demostrar unos presuntos delitos “en donde no ha habido robo de dinero”, sino de un tema “eminentemente técnico y de planeación”.
Las declaraciones de Barbosa se producen luego de una decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena que se conoció ayer y lo condenó a él y al también exalcalde Carlos Díaz a 5 años y 8 meses de prisión; y al entonces secretario de Infraestructura de ambos Enrique Chartuni a 6 años, todos con prisión domiciliaria.
Dice que no están privados de la libertad
En diálogo con El Universal los asesores jurídicos de Díaz y Chartuni, y el propio Barbosa dijeron que “ ya apelaron la decisión lo que deja si efectos la sentencia”, lo cual no los restringe en su libertad.
“La sentencia no establece ningún tipo de restricción, hasta tanto no quede ejecutoriada, además porque la misma sentencia explica que en esa contratación no se ha perdido un peso, porque la obra se hizo y se está usando”, explicó Barbosa.
“Desde hace 14 años hemos venido luchando para explicar probatoriamente con documentos y jurídicamente que ese contrato está enmarcado dentro de las normas de contratación estatal”, agregó el exalcalde.
Explicó que hace seis años se fueron hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y “cuando se dictó una medida de aseguramiento contra nosotros, la Corte nos concedió la razón de la improcedencia e ilegalidad de la captura que se nos impuso la Fiscalía, apoyando la Corte la decisión tomada por el juez de garantías”.
Para Barbosa,“aquí no se ha perdido dinero, en este contrato como está plenamente demostrado. “las cifras que expone la Fiscalía en un comunicado oficial no son ciertas, y se contradicen, porque de serlo otro fuera el presunto delito”.
“Vamos a hacer uso de todas las herramientas legales y constitucionales para hacer valer y resarcir nuestros derechos como personas que somos”, advirtió el exmandatario.
El exalcalde explicó que el contrato de obra “sí se planificó y se ejecutó dentro del término y eso no se ha querido entender hasta este momento. No era posible como lo pretende el juez caducar y liquidar el contrato, pues la misma ley establece cuáles son las causales de caducidad de un contrato”.
Los voceros jurídicos de los exfuncionarios dijeron que la apelación va al Tribunal Administrativo de Bolívar y, que de ser posible volverán a la Corte.
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