El fallo donde se decreta la pérdida de investidura se produjo porque el congresista se negó, en mayo del 2012, a la práctica de una prueba de alcoholemia que le reclamaron patrulleros de la Policía en Barranquilla.
Por lo que la sala plena del Consejo de Estado acusó al exsenador del cargo de tráfico de influencias. Para esta decisión tuvo en cuenta el fallo de la Procuraduría que lo destituyó por 10 años para ejercer cargos públicos por estos hechos.
También se escucharon los testimonios de seis policías que hicieron parte del retén, donde aseguraron ante la gravedad del juramento, las agresiones e insultos que recibieron por parte del ex mandatario por someterlo a la prueba de alcoholemia.
Se verificaron tres videos de cámaras de seguridad donde se ve a Merlano cuestionar a los policías por el procedimiento, y en los que se demuestra además, que los uniformados no maltrataron al exsenador.
Por último, se tuvo en cuenta la llamada que realizó el exsenador Merlano al 123 de la Policía para notificar el aparente abuso que estaban cometiendo en su contra los oficiales que lo retuvieron.
La defensa argumentó durante todo el proceso que el senador Merlano no se quiso hacer la prueba de alcoholemia ya que le dio desconfianza el retén. Sin embargo, el alto Tribunal no le dio validez a ese argumento puesto que Merlano viajaba sin escoltas porque consideró seguro el trayecto.
En su momento, el exsenador del partido de La U presentó un recurso de nulidad al fallo de la Procuraduría que lo destituyó, tras reconocer la falla que cometió y diciendo: "reconozco mi imprudencia e intolerancia frente a las disposiciones de los integrantes de la Policía, solicitó que se tenga en cuenta que jamás busque entorpecer la labor de los uniformados".
El Consejo de Estado notificará inmediatamente al exsenador de la decisión, la cual ya no tiene ningún recurso de apelación.
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