Legalizan capturas de concejal Useche y de familiares de Mendoza

10 de diciembre de 2016 08:02 PM

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En una audiencia que terminó en horas de la tarde de hoy, el Juzgado Sexto Penal con control de garantías legalizó las capturas del concejal de Cartagena Jorge Useche Correa y de otros cuatro detenidos por un presunto fraude electoral en los comicios de octubre de 2015.

Para este domingo se espera la imputación de cargos al concejal y de las dos personas que habrían actuado como intermediarios entregando dádivas a miembros de la Registraduría Nacional en Bolívar, para ganar su cúrul. Se trata de su tío Jorge Correa Rosales y de Jorge Restrepo Name.

El concejal del Partido Conservador está señalado de haber pagado la suma de $150 millones para pasar del puesto 20 al puesto 19 y poder entrar el Concejo Distrital, por lo que es acusado por el delito de cohecho por dar u ofrecer dineros a funcionarios públicos. Estos cargos, le serán imputados en la audiencia de mañana.

En este caso, también fueron legalizadas las capturas de Patricia Jiménez Massa, delegada Departamental de la Registraduría en Bolívar, quien debe responder por cohecho impropio, concusión, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público; y de Humberto Ceballos Fernández, delegado actual de la Registraduría, a quien acusan por delito de concusión.

Jiménez Massa fue capturada en su apartamento de El Cabrero, mientras que a Ceballos lo detuvieron en la sede de la Registraduría en Manga.

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FALTA CAMERANO

El también investigado, por los mismos hechos, el abogado Alfonso Javier Camerano Fuentes, no se presentó a la sede del Centro de Servicios Judiciales de la Plaza Benkos Biohó.

Camerano, residente en Barranquilla, fungió como presidente de la Comisión Escrutadora Departamental, que en diciembre del año pasado definió las actas finales que otorgaron las curules en el Concejo de Cartagena y otros cargos públicos en la ciudad, tras las elecciones del 25 de octubre de 2015. La Fiscalía lo señala de haber recibido dádivas para favorecer a Useche.

Pese a una orden de captura en su contra esta no se ha concretado. Sin embargo, su abogado sí se presentó a la audiencia y lo excusó por problemas de salud.

IMPUTAN CARGOS A FAMILIARES DE AMÉRICO MENDOZA

En cuanto al presunto caso de corrupción que se presenta por un contrato de la fundación Prociencia, creada por el Concejal Américo Mendoza Quessep, y el Instituto Colombiano de Bienetar Familiar en Bolívar, para el suministro de alimentos y refrigerios a la primera infancia y madres gestantes, la Fiscalía consideró que se trataba de una "organización delitiva".

El contrato firmado en el año 2014 tenía como propósito suministrar alimentos a más de 3.744 beneficiarios por un valor de $7.818 millones. La Fiscalía cree que hubo la presunta apropiación de 1.566 millones de pesos por parte de miembros de la Fundación Prociencia. Los alimentos y refrigerios nunca llegaron a los niños.

Por esta razón, ante un juez con funciones de control de garantías les fueron legalizadas las capturas e imputados los cargos de por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado a Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera de la fundación y esposa del concejal Mendoza; Patricia Arnedo Pombo, representante legal de la fundación en 2015; Iván Camilo Mendoza Pérez, hijo de la tesorera de la fundación y proveedor a través de la empresa Distrimarket MYM SAS y Minimarket SAS; y María Camila Mendoza Pérez, también hija y proveedora a través de Comercio y logística Integral SAS.

Además también le fueron imputados los mismos cargos a Olga Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación, cuñada del concejal Américo Mendoza.

La Fiscalía dice tener pruebas que demuestran que existen irregularidades en la creación de las empresas de los hijos del concejal y que fungían como proveedores de alimentos del mismo contrato para la fundación Prociencia.

No se explica cómo unos jóvenes universitarios, crearon estas empresas en enero de 2015 después de firmado dicho contrato. Se estableció que el domicilio de estas empresas era el mismo de la fundación.

A pesar de la imputación de cargos, estas personas no se allanaron a los cargos.

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