"Les dije que el que manda es JJ": exconcejal Adechine

02 de febrero de 2018 02:36 PM

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Para el juez segundo municipal de control de garantías, Marvin Ayos, que lleva el caso de los 9 concejales de Cartagena que habrían incurrido en prevaricato y cohecho, las audiencias sobre el proceso podrían extenderse hasta un par de semanas más, ya que se trata de revisar cada uno de los casos de manera individual.

Representantes de sectores jurídicos y ciudadanos que concurren a las audiencias públicas contra estos servidores públicos hablan hasta de un mes para que se conozca si van a la cárcel de manera preventiva o no.

La fiscal del caso Liliana Velásquez pidió cárcel para los concejales Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, Luis Javier Cassiani, Erich Piña William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Ronald Fortich. Pidió casa por cárcel para el exconcejal Zaith Adechine y ninguna medida para la exsecretaria general del Distrito, Luz Estela Cáceres.

Estos concejales no están detenidos; acuden por sus propios medios a las audiencias acompañados de sus abogados.

La Fiscalía los investiga por presuntas irregularidades en la elección de la entonces contralora Nubia Fontalvo. (Lea: Especial Operación La Heroica)

Para la fiscal 53, destacada el pasado mes con el premio Low Murtra como una de las mejores fiscales del país, este grupo de servidores públicos y funcionarios habrían incurrido en los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción. En el caso de Cáceres, el delito que le imputan es el de cohecho en calidad de cómplice.

En una primera etapa en agosto y septiembre, por este caso fueron enviados a la cárcel el exalcalde Manolo Duque; el exconcejal Jorge Useche; el primo del exalcalde José Julián Vásquez; y la propia excontralora Nubia Fontalvo. También la concejal Angélica Hodeg, detenida en la cárcel de San Diego. Todos esperan una audiencia, en sus sitios de reclusión en los cuales llevan ya más de cuatro meses en la que sus abogados defensores esperan apelar y tumbar la medida de aseguramiento.

Un trabajo arduo
Por eso el trabajo que ha desplegado la Fiscalía, en cabeza de la fiscal 53, Liliana Velásquez, ha sido arduo y requiere de mucha paciencia.
La funcionaria judicial ha llegado todos estos días a la sede administrativa de la judicatura con una maleta cargada de pruebas.

Más audios
Por ello, la fiscal y su grupo de investigadores siguen mostrando pruebas sobre el poder que ostentaba José Julián Vásquez, y la injerencia indebida en el mandato de su primo el exalcalde Manolo Duque.

La fiscal dijo tener más llamadas cruzadas entre JJ y cada uno de los concejales; entre JJ y el entonces presidente del Concejo, Javier Curi; entre JJ y la exsecretaria general Luz Estela Cáceres; y con Useche y Adechine.

Una conversación entre los exconcejales Adechine y Useche dejaría claro el poder “ detrás del alcalde y el Concejo” que representaría José Julián, JJ Vásquez. 

En ella Adechine le dice a Useche, que: “Ellos no tienen nada, no tienen plata, no tienen un c... yo les dije que el que manda es José Julián Vásquez”. (Escuche los audios aquí

Se refiere a los otros concejales que no votarían por Nubia Fontalvo como contralora, sino por Iván Sierra Porto para ese cargo.

Adechine habla en estos términos con Useche en los primeros días de enero de 2016 cuando con otros concejales, es decir, los nueve implicados, fraguaban el plan para elegir a Fontalvo como contralora a sabiendas de que sería una elección ilegal.

La funcionaria judicial se mantiene en que esta y otras pruebas demuestran el grado del acto ilegal en que incurrieron los concejales.

“Es una persecución política”
La defensa aún no habla. El Universal ha intentado hablar con los abogados defensores pero muchos de estos no quieren hablar, hasta tanto termine el tiempo de la fiscal y puedan presentar sus alegatos.

Un asesor de uno de los concejales dijo que “es injusto pedir una medida de aseguramiento, cuando de lo que se trata es de una gestión política y de cabildeo de bancadas y partidos, en torno a una elección de un cargo como se ha hecho siempre en todo el país”.

La fuente consultada, que pidió reserva de su nombre, dijo que “ este caso es más político que otra cosa. Mientras, casos como Odebrecht y Reficar y otros no se tocan en esta ciudad”.

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