Nuevos impedimentos aparecen en el equipo de ministros de Juan Manuel Santos, pues a mes y medio de gestión, ya se ven maniatados para tomar la vocería en algunos proyectos de interés nacional.
Aunque por su amplia trayectoria como juristas, ya se conocían las inhabilidades del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y del ministro de Justicia, Yesid Reyes, algunos sectores políticos dicen que hay permanente riesgo de un conflicto de intereses.
En el caso del ministerio de Justicia, Reyes está impedido para actuar frente al caso de Agro Ingreso Seguro, el escándalo de corrupción en el que fue defensor de la exreina Valerie Domínguez, involucrada en dicho caso.
En otro de los sonados casos de la Justicia, el de las 'chuzadas' del DAS, tampoco pudo actuar, pues fue abogado de Andrés Peñate, exdirector de la Institución de Inteligencia, quien se vio involucrado por presuntamente haber tenido conocimiento de las interceptaciones ilegales.
Para esos efectos Juan Fernando Cristo fue designado como ministro de Justicia
Ad–Hoc, quien duró pocos días con el encargo, pues le notificó al presidente que también está impedido al haber solicitado ser declarado víctima de las ‘chuzadas’ que tuvieron lugar en la institución durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Así las cosas, Gina Parody será ahora la ministra encargada para conocer y decidir sobre éste y otros temas relacionados con la retoma del Palacio de Justicia, Agro Ingreso Seguro y Fidupacífico.
Para Josías Fiesco, analista político de la Universidad Javeriana, el asunto debió preverse desde que nombró a su gabinete “para que no se diera una encrucijada en materia de políticas públicas que pueden quedar en el limbo”.
Sin embargo, el catedrático Juan Manuel Charry explica que no todos los impedimentos responden a que el funcionario esté siendo investigado o haya trabajado en determinada institución, pues en el tema de la retoma del Palacio, la inhabilidad de Yesid Reyes se debe a que él es una víctima de ese ataque.
“Los impedimentos son institutos legales para evitar que haya confusión de un titular que no separa intereses personales de intereses como funcionario, entonces no es ni bueno ni malo, pues solo permite que haya más transparencia”, dijo el constitucionalista, aunque cuestionó si a quienes encargan como ministros Ad-Hoc, tienen las capacidades técnicas para intervenir en determinados temas.
Precisamente el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ahora figurará como ministro encargado de Agricultura para para conocer y decidir sobre los aspectos relacionados con la formación y el seguimiento de los precios de la leche.
La razón es que el actual jefe de la cartera de Agricultura, Aurelio Iragorri, tiene actividades económicas relacionadas con el ordeño. La decisión deja con interrogantes a miembros del sector lácteo, uno de los más importantes para la economía pues representa cerca del 0,9%, y del 9,7% del PIB agropecuario.
Este no es el único impedimento de Iragorri, pues tampoco podrá decidir en el tema de los baldíos, ni en el proyecto que se presentará ante el Congreso en los próximos días pues uno de sus primos se vio relacionado en una discusión judicial por la legalidad de unos predios de cerca de 3 mil hectáreas en Vichada.
Quien también estará de manos cruzadas, ad portas de una reforma tributaria, será el ‘superministro’ Néstor Humberto Martínez, abogado de banqueros y de grandes empresarios.
Martínez argumenta que “el sector público no puede ser un escampadero de quienes fracasan en la vida privada” y que no se puede juzgar a funcionarios que por su carrera, han tenido que estar al frente de otros temas.
Justamente para que pueda haber tránsito del sector privado al público, la ley tiene un régimen de inhabilidades que aclara que nadie podrá tramitar en el sector público asuntos que conoció en el sector privado, regla que hoy deja por fuera del terreno de juego a varios coequiperos del presidente Santos.
Comentarios ()