La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a dos sindicadas en el caso del escándalo de los llamados “mercaditos de la Gobernación” que iban a ser destinados a damnificados por la ola invernal, y que entre diciembre de 2007 y febrero de 2008, se habrían dañado en unas bodegas privadas por presunta falta de gestión administrativa.
A través de una ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Corte Suprema de Justicia resolvió: “casar o anular la sentencia del 21 de mayo de 2014 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que absolvió a Betty del Carmen Mercado Barrios, coordinadora del Programa de Urgencia, Emergencia y Desastres de la Gobernación; y a Lunela Palis Viana, jefe de almacén de la entidad, por el delito de falsedad ideológica en documento público”.
Como consecuencia de lo anterior , la Corte “confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena que las condenó como autoras de ese delito, al imponerles las penas de cincuenta meses de prisión (5 años) y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, concediéndoles la prisión domiciliaria”.
De acuerdo al fallo, “hubo alteración o falsedad en las constancias expedidas el 27 de diciembre de 2007 por estas funcionarias de la Gobernación, cuando en uno y otro caso, dieron cuenta del recibo e ingreso de los elementos adquiridos por la administración”.
Para el exprocurador Juan Carlos Cabarcas, quien presentó la demanda de casación, “el fallo es importante porque evita al departamento cancelar la cuantiosa suma de $4 mil millones, que con otros valores podrían ser hoy $20 mil millones porque el proceso deja en evidencia que el gobierno del entrante gobernador Joaco Berrío en 2008 se resistió a pagar el valor de los mercados, justamente porque la interventoría se hizo primero que su recibo por parte de la jefe del almacén”.
Para Cabarcas existen una serie de inconsistencias que revelan que los mercaditos nunca llegaron a la Gobernación: A las cuentas por pagar le faltaban las actas de recibo, las cuales aparecieron como por arte de magia firmadas; los mercaditos aparecieron en unas bodegas privadas para dar la apariencia de que habían sido recibidos por la Gobernación en diciembre de 2007, pero esas bodegas privadas habían sido arrendadas en febrero de 2008, entre otras inconsistencias. Según la Fiscalía, los mercados fueron comprados en Makro en febrero de 2008.
Para el propio exgobernador Joaco Berrío, se demuestra lo que él siempre ha sostenido, “los mercados no llegaron”.
“La justicia siempre llega, manifesté que los mercaditos nunca habían existido ni recibido; por eso me resistí a pagar los $4 mil millones; el fallo demuestra que yo no fui negligente y que protegí los recursos de la Gobernación”, dijo Berrío.
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