Pocas veces las ideas de los críticos del Gobierno coinciden con las del presidente Juan Manuel Santos. Una de las pocas veces que sucedió fue hace un mes, cuando el mandatario anunció que estudiaría junto a su equipo la posibilidad de eliminar cerca de diez entidades del Estado, dentro de un plan de austeridad con el que busca borrar el remoquete de sus opositores de “derrochón”.
Aun así, nada se ha sabido sobre cuáles serían las empresas afectadas con ese apretón institucional, con el que, entro otros propósitos, el Gobierno busca generar un ahorro para tapar un ‘hueco fiscal’ de $12,5 billones.
A ese anuncio de recorte se sumó el de la reducción del 40 % en gastos de publicidad; 15 %, en viáticos y viajes y un “ahorro significativo” en costos de vehículos, gasolina, escoltas y esquemas de seguridad. Pero ante la falta de que los anuncios se concreten, hay sectores que consideran que se trata de un ‘paño de agua tibia’, que busca calmar los reclamos.
Es el caso del senador del Centro Democrático Iván Duque, quien califica la iniciativa como un ‘recorte estético’, ya que las entidades que se eliminarían, no serían las que más peso le generan a la Nación, ni las de mayor expansión burocrática. “Creo que el ahorro no es todavía lo suficientemente claro y, dado que el Gobierno ha presentado la reforma tributaria, ese ahorro se debería ver reflejado tanto en un menor monto de presupuesto, como en una menor carga tributaria”.
Además, el senador consideró que la eliminación de entidades que el mismo Estado creó durante el actual Gobierno, deja entrever que ha habido improvisación.
Pese a voces como esa, y al ‘hueco fiscal’ que tanto critican sectores de la oposición, el jefe de Estado ha sido enfático en resaltar los estudios que ubican al país como el de menor gasto burocrático en América Latina.
Sobre el anunciado recorte, el exdirector de la DIAN Horacio Ayala considera que siempre debe hacerse el análisis costo-beneficio, pues explica que si les recortan las funciones a unas entidades significativas para el país, otro sector las empezará a asumir por el mismo costo. Y sobre los estudios que reflejan menos burocracia, también hace una salvedad: “Santos dice que como porcentaje del PIB somos el de menos gastos de funcionamiento y probablemente sea así, pero de pronto estamos gastando menos, porque nuestros servicios no son tan efectivos”.
A esa posición se suma la del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien reiteró que no es meritorio tener poco gasto público cuando la responsabilidad del gobierno es mejorar la calidad de vida: “Las grandes carencias de este país no son razón para enorgullecerse de que hay poco gasto público, porque se ve en los hospitales y escuelas que faltan, en las vías y en la infraestructura educativa”.
Otras cifras que compara Santos son las de crecimiento de los gastos de funcionamiento durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las ocurridas durante el suyo. Así, indica que Uribe, durante su segundo mandato, registró un incremento de 12,8 %, mientras que la primera era Santos reportó un 8 %.
¿EL RECORTE SERÁ EFICIENTE?
Sin que el Gobierno anuncie qué entidades eliminará, un análisis realizado por el senador Alfredo Ramos Maya (también del CD), con base en la información de presupuesto publicada por el Ministerio de Hacienda, indica que 33 dependencias presentan un mayor crecimiento del funcionamiento frente a la inversión.
Algunos de la lista son el DANE, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, la Superintendencia Financiera, la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, la Defensoría del Pueblo, Colciencias, el Instituto Caro y Cuervo, la Auditoría General de la República, el Instituto Nacional de Salud –INS, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Instituto Nacional de Vías y el Instituto Colombiano del Deporte –Coldeportes.
Ramos argumenta que con un manejo ‘empresarial’ del Estado, en una entidad que reduce su inversión en un 40 %, los gastos de funcionamiento también deberían presentar la misma disminución, lo que provocaría un ahorro, solamente en esas 33 entidades, de cerca de $11,2 billones, es decir, un 90 % del citado déficit.
Por su parte, el presidente del Consejo Gremial y de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, dice que el Gobierno no puede eliminar sin saber qué está eliminando, pues anteriores ‘fusiones’ entre entidades, provocaron un manejo inoperante y perjudicial para el país.
Por eso los 21 conglomerados empresariales más importantes del país, asociados en el Consejo Gremial Nacional, reiteraron en una misiva su intención de acompañar la búsqueda de los recursos presupuestales para superar el déficit, aunque no a través de medidas como el impuesto al patrimonio.
¿HABRÁ MASACRE LABORAL?
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no descartó que la decisión de recorte pueda llegar a generar despidos y reubicación de personal, haciendo la salvedad que quienes tienen las tareas misionales en entidades afectadas las van a seguir ejecutando bajo otra dirección.
Para Robledo, esa es una ‘mentira piadosa’, pues argumenta que la única forma de que un recorte genere ahorro, es despidiendo personal, no reubicándolo.
Incluso en corrillos políticos afirman que la Vicepresidencia se tomó muy en serio la austeridad estatal, pues pensaría pasar de una nómina de 200 empleados a una de apenas 20.
El propio vicepresidente, Germán Vargas Lleras, aseguró que "nadie entendería que frente a un esfuerzo que va a hacer el país de cara a la reforma tributaria en el Gobierno, no se tomaran medidas de austeridad”, por lo que decidió poner el ejemplo en casa.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aclaró que de ninguna manera, habrá despidos masivos en las entidades del Estado por cuenta del anuncio de Santos, sino que el recorte se traducirá en una optimización de gastos: “No habrá masacre laboral; al contrario, estamos insistiendo en formalización. Sabemos que el nivel de temporales es alto, pero no está en el lenguaje del Gobierno ni en el del presidente los despidos masivos”.
En ese sentido, el exvicepresidente Angelino Garzón pidió que no sean los trabajadores "quienes paguen los errores de cálculo y ejecución presupuestal del gobierno".
Y el presidente del Partido Conservador, David Barguil, instó al Gobierno a aclarar cuál será su propia contribución a la nueva medida fiscal, y a detallar cómo ese ahorro se traducirá en mayor inversión social: “El gobierno no se puede quedar corto, no puede haber un mensaje al país de hacer un mayor esfuerzo tributario, cuando se desconoce cómo se tapará ese hueco fiscal”.
Así las cosas, está en manos del presidente Santos y de su gabinete de ministros, poner sobre la mesa el listado de aquellas entidades que harán parte del recorte con el que el Gobierno espera superar el déficit del presupuesto para el 2015. Todo ello, sin contar que ese mismo año podría ser el primero en el que se necesitaran nuevos recursos, para la implementación del eventual acuerdo de paz.
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