Ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, este martes fue presentado por el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, el borrador de Reforma a la Justicia.
El Ministro explicó que dicho documento “fue elaborado por una comisión asesora de alto nivel, que desde enero trabaja en la iniciativa con el fin de darle solución a los problemas más importantes de la justicia”.
Asimismo, indicó que el eje principal de la propuesta será convertir el acceso a la justicia en un derecho fundamental de los colombianos, así como el fortalecimiento de la aplicación de la acción de tutela.
Aseguró que esto se logrará a través de la creación de jueces y magistrados especiales que se dediquen a resolver estos casos, además dijo que ante la vulneración de cualquier derecho fundamental en sus fallos se aplicaría la nulidad de la sentencia.
“El proyecto busca una justicia eficaz y oportuna para los colombianos y, al mismo tiempo, que se puedan zanjar los problemas estructurales que llevaron a que la justicia se distrajera de sus funciones y perdiera credibilidad”, indicó el jefe de la cartero de justicia.
De otra parte, subrayó que el proyecto garantiza recursos para que en los próximos seis años, a través de la inversión de 2 billones de pesos, se implementen los planes de descongestión necesarios y se lleven a cabo los adelantos en materia tecnológica y de infraestructura.
Explicó que contempla en fin del Consejo Superior de la Judicatura, el cual sería reemplazado por un Tribunal Disciplinario de nueve magistrados y una Junta de Gestión de la Administración Judicial.
Indicó que con la reforma se eliminarán también las funciones electorales de las altas cortes y se prohíben las reelecciones de los jefes de todos los organismos de control.
Al mismo tiempo, sostuvo que esta dispone que el Contralor General será elegido por la Cámara de Representantes, el Fiscal será designado por el Presidente de la República.
Además, argumentó que el proyecto pone fin a la llamada “puerta giratoria” de magistrados y establece el concurso público de méritos como el único medio para acceder a alguna alta corporación, excepto para la Corte Constitucional, cuya elección se mantendrá.
De otra parte, señaló que el documento establece la doble instancia para los procesos contra los congresistas y crea nuevas causales de pérdida de investidura.
Finalmente, aclaró que este cambia la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por una Comisión de Aforados, que será integrada por congresistas que sean abogados y especializados en derecho penal.
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