El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, en cumplimiento de una citación en el Concejo, expuso varios de los motivos que considera han influido en las trabas al proyecto de protección costera para la Isla de Tierrabomba, cuyos recursos podrían perderse.
Dijo que por parte de la Gobernación, más no del Distrito, se ha cumplido con todos los requisitos que buscan salvar la iniciativa cuyas obras se necesitan en esa zona insular para impedir que la erosión siga avanzando. Recalcó, ante una nutrida asistencia, sobre todas las inversiones en la ciudad, que “No me estoy metiendo en rancho ajeno” y que su presencia en el Concejo era para aclarar quién miente en el proyecto de protección costera.
LA INSTANCIA DEL OCAD
En tono fuerte, diciendo que no se trataba de críticas o puyas a su homólogo distrital (Dionisio Vélez) Gossaín explicó en qué consiste el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), del que depende sacar adelante la iniciativa para la Isla.
“El OCAD no es una oficina, ni una entidad pública, sino un procedimiento, donde se viabiliza, prioriza y delibera sobre proyectos que son financiados con fondos de regalías; el OCAD no es dueño de la plata, ni de los proyectos: Ahí se designan a los ejecutores e interventores del proyecto”.
Lo anterior lo explicó el Gobernador porque no entendió una carta firmada por el alcalde Vélez en donde se le informa que ya el proyecto para Tierrabomba “había sido radicado en las oficinas del OCAD Regional”.
“REGALÍAS SON DE BOLÍVAR”
Explicó que el proyecto para Tierrabomba será financiado, de realizarse, con recursos de regalías del Departamento al cual corresponde el OCAD Regional.
“El proyecto de prevención de la erosión en las Isla de Tierrabomba fue presentado en 2012 por el Distrito, y las fuentes de financiamiento eran las regalías del departamento; tras su aprobación en el OCAD Regional, se designó como ejecutor a la Gobernación”.
LOS PALOS EN LA RUEDA
Desde ahí, el Gobernador relató que una serie de problemas empezaron a bloquear la iniciativa hasta el presente. “Como era la Gobernación el ejecutor, se tenía que hacer una cesión del permiso que había aportado el Distrito por parte de la Dirección Marítima (Dimar)”, dijo.
“En abril de 2013 se desembolsaron los $25 mil millones que quedaron disponibles, pero en mayo, el permiso que el Distrito aportó no era el permiso, sino una autorización para otro proyecto. Ahí empieza el verdadero dolor de cabeza”, agregó.
“Después solicitamos a Cardique la expedición de la licencia ambiental; en ese ir y venir, se venció el tiempo que se establece para ejecutar los proyectos de regalías, pero pedimos una prórroga y el 23 de agosto la Gobernación inició el trámite ante la Dimar, para que nos dieran el permiso real, que no nos correspondía, sino al Distrito”.
“El 26 de agosto nos reunimos con la administración Vélez, y dije que había estos retrasos”.
Pero el 12 de septiembre en una reunión entre la Dimar, la Universidad de Cartagena, el Distrito y la Gobernación, salió otra traba: El Distrito no ejecutó un proyecto por más de $1.000 millones para un plan de emergencia costera, y mientras no se resolviera esa situación el proyecto para la erosión “no se podía ejecutar”, expuso Gossaín.
“La Dimar le ordenó al Distrito declarar la caducidad de ese proyecto de emergencia para poder ejecutar el de la erosión”.
La Universidad de Cartagena conceptuó después que ambos proyectos se complementaban, y recomendó al Distrito actualizar y reformular el proyecto. Según el Gobernador, el OCAD regional dio un plazo nuevo de seis meses que se venció en marzo. Tras una nueva reunión con el Distrito, se otorgó un nuevo plazo hasta el 30 de mayo, fecha en la que aún el Distrito no había presentado el proyecto modificado y actualizado.
Gossain dijo que a eso se sumó una póliza que aún exige la Dimar por 400 millones de pesos para expedir el permiso respectivo. “Nosotros no íbamos a responder ante los entes de control, así que en marzo decidimos desaprobar el proyecto por vencimiento de trámites”, adujo el Gobernador.
En su exposición, sin decirlo, Gossaín dejó ver que la negligencia para adelantar el proyecto en la isla ha estado de parte del Distrito.
OPINAN CONCEJALES
El concejal citante David Múnera consideró que tanto el Distrito como el Departamento “tienen responsabilidad en esta gestión, debido a que la Isla de Tierrabomba requiere de las obras y que mientras las entidades no se pongan de acuerdo, las comunidades seguirán padeciendo”.
Por su parte, los concejales César Pión, Hernando Trucco entre otros, avalaron las explicaciones del mandatario.
POSIBLE CIERRE DEL HUC
Durante la intervención, el Gobernador alertó sobre un eventual cierre del Hospital Universitario del Caribe (HUC) por las deudas que el centro asistencial tiene, siendo la del Distrito de Cartagena la mayor de ellas con 9.472 millones de pesos. Ante esto Gossaín hizo un llamado a la autoridad distrital para que “se ponga al día con el HUC y este pueda seguir prestando sus servicios, toda vez que el 70% de los pacientes son de Cartagena”.
OTROS PROYECTOS
El Gobernador mencionó otra serie de proyectos sobre los que no ha recibido respuestas del Distrito. “En la pista de patinaje de El Campestre pensamos invertir unos $1800 millones para hacerla nueva. La sorpresa fue que me dijeron directamente que ya no era necesario que la Gobernación interviniera porque la pista se recuperaría con $150 millones del Ider, pero yo sigo a la espera de si están dispuestos, nosotros podemos hacer la inversión porque este es uno de los lugares más emblemáticos para el deporte en Bolívar y de Colombia”, dijo Gossaín.
A esto se suma la intención de invertir más de $3 mil millones en el Parque Espíritu del Manglar, sobre lo cual Gossaín dijo que la Alcaldía puso trabas, como la promesa de unas mesas de trabajo que nunca se han hecho.
Hoy se esperan respuestas del Distrito a las exposiciones del Gobernador Gossaín.
“NO TIRO PUYAS”
Ante el Concejo, Gossaín lanzó frases como “no estoy haciendo sindicaciones ni tirando puyas, estoy diciendo las cosas como deben ser”. Pidió a los periodistas que no interpretaran su intervención “como un round, rifirrafe o choque de trenes entre las administraciones”.
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