La Ruta 90A, proyectada en 2005, fue inaugurada en 2015,10 años después, durante el gobierno de Dionisio Vélez y costó 15 mil millones pesos.
La vía unió la Zona Norte con La Cordialidad, con una calzada de 8 kilómetros que atraviesa los corregimientos de Tierrabaja, Puerto Rey y Bayunca.
Recientemente, en los proyectos impulsados por el gobierno Nacional, se planteó la ampliación de dicha vía a una doble calzada, un proyecto que será ejecutado por la Concesión Costera Cartagena – Barranquilla S.A.S, firma que la construyó, y que es la misma que adelanta las obras del Viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen.
Lucha por lotes
Pero el proyecto ha tenido contratiempos por la ocupación de los predios y el espacio público; y las peticiones de ciertos sectores de las comunidades aledañas. De otro lado está la opinión de sectores que apuntan a que con la Ruta 90A los predios se valorizaron astronómicamente, lo cual estaría dando pie a una especie de rapiña por la ocupación del espacio y lotes aledaños a la vía.
Eso motivó al concejal César Pión a citar al Distrito y a los representantes de Concesión, para que explicaran los alcances y pormenores del proyecto.
Firma se queja por ocupación
La Concesión informó a la plenaria que “todas las actividades se están adelantando para disponer de los predios necesarios para el desarrollo y ampliación de la Ruta 90A”. El proyecto integra el mejoramiento de interconexión entre Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, en el programa de concesiones de cuarta generación (4G) del gobierno Nacional.
La firma anunció que los términos contractuales que se adelantan son precisos pero que nuevamente, por presunta omisión del Distrito, en años anteriores sobre la ocupación indebida del espacio público y predios, “las obras están empantanadas lesionándose así la inversión”.
De acuerdo a la firma, se trata de infractores que estarían acudiendo a la “confianza legítima”, teniendo conocimiento de que la Concesión Costera viene adelantando unas querellas radicadas en la Alcaldía Local 2, sobre titularidad y ocupación del espacio.
Sin embargo el debate fue aplazado por la ausencia del alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico, quien presentó una excusa.
“Hemos pedido el aplazamiento del debate para cuando volvamos a sesionar y estén todos los actores presentes y porque es importante que se expongan las preocupaciones en torno al proyecto”, expuso César Pión del Partido de La U.
Por su parte, el concejal Lewis Montero cree que “con la audiencia pública se dará a conocer la verdad en boca de la misma comunidad, para no permitir que los derechos fundamentales de los cartageneros sean vulnerados”.
“Esperaremos la audiencia pública para sacar los trapitos al agua para ver quién está utilizando el espacio público a su favor y no vulnerar más los derechos de la comunidad afectada”, dijo a su vez el concejal David Caballero del Partido Conservador.
La confianza legítima
El principio de buena fe o confianza legítima es un principio general del Derecho Comunitario. La Corte dice que el deber de protección de los bienes de uso público a cargo de las autoridades, no las autoriza para desconocer la confianza legítima basado en la buena fe de los ciudadanos, quienes a falta de espacios apropiados para el desempeño de un trabajo o la necesidad de una vivienda digna, ocupan de hecho tales áreas.
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