En un operativo adelantado simultáneamente en el territorio nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a 57 personas, entre jueces, policías, contratistas, particulares, funcionarios y exfuncionarios, por posibles hechos de corrupción en varias entidades del Gobierno.
Las diligencias dejaron logros por el desfalco de los Juegos Nacionales en Ibagué, el golpe a la organización que comercializaba vehículos inmovilizados en Bogotá, el reparto judicial amañado para el fraude en la adjudicación de predios en Cali y las posibles irregularidades en contratos del eje lúdico de Neiva.
OFENSIVA EN IBAGUÉ
En la capital musical de Colombia el ente acusador capturó siete personas como presuntos responsables del millonario robo en los Juegos Nacionales que nunca realizaron, porque las obras presupuestadas no se terminaron a tiempo, las cuales tendrían un detrimento por más de 11.500 millones de pesos.
Allí se capturó a alias ‘El Chatarrero’, quien fuera el representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva en 2015, a quien le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.
Igualmente, capturaron al exdirector técnico de Typsa, a quien se le imputarán los delitos de interés indebido de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Así mismo, fue aprehendido el exsecretario de Infraestructura de Ibagué, y en su poder hallaron siete vehículos que serán ocupados con fines de extinción de dominio.
De igual manera fueron capturados dos abogados de jurídica y el exfinanciero de contratación, a quienes se les imputarán los cargos de concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Finalmente, registraron la detención de Leonardo Valero, Asesor de Gerencia del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, a quien se le imputarán los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Valero ya fue enviado a la cárcel.
De acuerdo con el ente acusador, estas capturas se suman a las ya registradas en el transcurso del año por los mismos hechos. El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que está es una de las ofensivas contra la criminalidad y espera se esclarezcan los hechos de corrupción.
“Tenemos varios casos muy importantes que venimos haciendo, estas capturas se dieron en la fase II que se adelanta en Ibagué, donde los Juegos Deportivos no se hicieron y los dineros públicos se desaparecieron”, dijo el fiscal.
OFENSIVA EN BOGOTÁ
En la capital del país el fiscal General catalogó como “grave” los hechos en los que se vieron envueltos abogados, funcionarios y policías.
La investigación del ente acusador revelan que se creó una organización criminal dedicada a comercializar vehículos que habían sido inmovilizados y puestos a disposición de diferentes juzgados civiles.
De acuerdo con el análisis de la Fiscalía, los automotores vendidos de manera ilegal se encontraban embargados en parqueaderos autorizados por la Dirección Ejecutiva del Consejo Seccional de la Judicatura, en diferentes sectores de Bogotá.
Frente a este caso, el fiscal Martínez aseguró que se llevan a cabo investigaciones con el fin de esclarecer los hechos que bordearon estos actos de corrupción.
“En este caso hemos agrupado 300 investigaciones de vehículos embargados, que desaparecieron de los parqueaderos que están a disposición del servicio judicial en Bogotá”, precisó el jefe del ente acusador.
En esta operación hecha en la mañana de este miércoles en la capital del país fueron necesarias 23 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, fraude a resolución judicial, abuso de confianza calificado y agravado, y usurpación de funciones públicas.
La judicialización de los hoy detenidos se realizarán en el Complejo Judicial de Paloquemao. El fiscal aseguró que en estos hechos están involucrados siete agentes de la Policía Nacional.
OFENSIVA EN CALI
En la sucursal del cielo efectivos del CTI de la Fiscalía adelantaron operaciones por la supuesta adjudicación y aprovechamiento irregular de terrenos.
Por estos hechos fueron capturadas diez personas, donde se encuentran una exjuez civil del circuito de Cali, un abogado y varios particulares, quienes serán presentados ante juez de control de garantías para que respondan por varias actuaciones judiciales ocurridas desde el año 2007.
Según pudo establecer la Fiscalía, el reparto estaba manipulado de modo que los abogados sabían de antemano a qué juez correspondería el proceso que radicaban.
Por lo mismo, las evidencias dan cuenta de la presunta adjudicación de predios en Yumbo (Valle del Cauca), a través de sentencias en las que usó la figura de prescripción agraria sobre inmuebles que no
cumplían los requisitos.
Hasta el momento hay cinco involucrados a este acto de corrupción que superaría los 40 mil millones de pesos.
En Buenaventura también se suscitaron hechos de corrupción, por lo que la Fiscalía General formuló cargos contra nueve personas señaladas de supuestas irregularidades en los procesos de contratación y manejo de los dineros del Establecimiento Público Ambiental (EPA), de dicho municipio.
Los hechos que son materia de investigación datan del año 2016, en el cual se habrían presentado anomalías en los procesos contractuales por más de 10 mil millones de pesos que, aparentemente, fueron direccionados a fundaciones sin ánimo de lucro que no contaban con la experiencia necesaria para asumir temas ambientales.
Según la Fiscalía, en seis de los 70 contratos revisados, que suman 1225 millones de pesos, se detectó un detrimento de 1030 millones de pesos. Al parecer, las pérdidas totales de toda la contratación ascenderían al 80 % de los contratos.
Por estos hechos son procesados Jorge Humberto Anizares Mosquera, exdirector del Establecimiento Público Ambiental (EPA); Karen Yohana Sinisterra Vergara, exsubdirectora Administrativa y Financiera de (EPA); Bárbara Rentería Angulo, exsubdirectora de Gestión Ambiental de la entidad; Alexander Ocoró Aragón, subdirector de Educación Ambiental; y los contratistas Laura Nelly Victoria Soto, Sugey Liliana González, Albeiro Sinisterra Amú, Fernando Páez Bernal y Ana Bibiana Amú Riascos, esta última es la representante legal de la Fundación Agroesop.
Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en contratos y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
OFENSIVA EN NEIVA
Efectivos del CTI pusieron la lupa sobre ocho personas, entre ellas María Amelia Monroy Ortegón, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal; Alex Fernando Osorio Muñoz, ex abogado externo; Andrés Felipe Tamayo Polanía; y Elica Ximena Gómez Tovar.
Según la Fiscalía, los tres últimos tenían la responsabilidad de revisar, evaluar y conceptuar sobre las ofertas recibidas dentro del proceso licitatorio Número 009 de 2011.
También fueron capturados y judicializados los contratistas Alexánder Herrera Rodríguez, representante legal de la Unión Temporal Eje Lúdico Carrera 1; Camilo Andrés Pérez Sanabria, representante legal de la empresa Ingearky S.A.S., empresa que hizo parte de la Unión Temporal Eje Lúdico Carrea 16; y Víctor Julio Agudelo Santander, contratista Consorcio Eje Lúdico.
Se espera que durante las próximas semanas el fiscal General revele más detalles de este megaoperativo que dejó al descubierto organizaciones criminales que desfalcaron el erario público.
fernandat@colprensa.com
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