La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que desestime una demanda que busca tumbar varios apartes de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y de la que la reformó (1592 de 2012).
Se trata de unos apartes que están en ambas leyes y que hablan sobre la priorización de algunos casos para la investigación, así como la remisión de los documentos que consignan las afectaciones causadas a las víctimas a los procedimientos de la Ley de Víctimas con fines de reparación.
En concepto enviado a la Corte, el Ministerio Público considera que las normas demandadas no vulneran los derechos de las víctimas y por eso pidió que declare esos apartes exequibles.
Sobre la priorización de casos, la Procuraduría argumenta que, tal y como lo concluyó la Corte Constitucional al analizar el denominado Marco Jurídico para la Paz, la premisa de salvaguardar los derechos de la sociedad y las víctimas, así como el deber de garantizar la reparación y de juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, no es contrario a la priorización de casos.
“Esta premisa no implica que el Legislador no pueda establecer o autorizar que se establezcan criterios de priorización para, precisamente, garantizar estos derechos de una manera más eficiente e integral”, señaló la entidad.
Para el Ministerio Público, los criterios de priorización de casos respetan tanto la Constitución como las normas internacionales y que esto no es, en sí mismo, contraria a los derechos de las víctimas “sino que supone un mecanismo de política criminal propio de un sistema de justicia transicional que pretende alcanzar el fin superior de la paz garantizando los derechos de las víctimas”.
Eso sí, la Procuraduría dejó en claro el mismo argumento que adelantó contra el Marco Jurídico para la Paz y es que esos criterios de selección no pueden significar que el Estado renuncie a la investigación sobre algunos crímenes.
Sobre la remisión de los documentos que consignan las afectaciones causadas a las víctimas a los procedimientos de la Ley de Víctimas con fines de reparación, la Procuraduría señaló que no existe vulneración a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.
En concepto de la Procuraduría, la reparación no se agota con una indemnización pecuniaria sino que implica un sinnúmero de medidas diferentes que incluyen restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición, reparación simbólica y reparación colectiva.
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