La exsenadora Piedad Zuccardi le pidió a la Corte Suprema de Justicia que reconsidere su decisión de llamar a declarar de oficio a Galo Arturo Torres Serra, exalcalde de El Carmen de Bolívar, en el juicio que se le sigue por presunta parapolítica.
En un memorial de seis páginas presentado a la Sala Penal de la Corte, la defensa de Zuccardi alega la existencia de una “grave enemistad” y se indica que “este testigo fue condenado penalmente por calumniarme en el ejercicio de mis funciones como senadora de la República”.
El documento conocido por COLPRENSA, cita una condena de 35 meses de prisión impartida en contra de Torres por el Juzgado Octavo Penal Municipal del 8 de octubre de 2012 por cometer calumnia en contra de la Senadora. Dicha sentencia está, de acuerdo con la defensa de Zuccardi, “bajo el control de pena por parte de los Jueces de Ejecución de Penas de Bogotá”.
Sobre este punto, Galo Torres dijo en días pasados a El Universal de Cartagena que todavía no ha sido notificado por la Corte de tener que declarar y que no cuenta con recursos para trasladarse a Bogotá.
El exfuncionario dijo además a El Universal que “desde el mismo momento en que fui condenado por ‘calumniar’ a Zuccardi, mi vida se dañó totalmente. Porque he venido viviendo en carne propia la destrucción emocional, psíquica, física, no me alegra que a cualquier persona le suceda algo semejante. Es terrible, se pierde todo” (Lea aquí: "No conozco providencia de la Corte": Galo Torres).
Pero la molestia de Zuccardi no solo se refiere a dicha condena sino a otra serie de actuaciones que ha elevado Galo Torres en su contra. Es el caso de una tutela presentada contra el fallo que lo condenó, que fue negada por la Corte Suprema y, posteriormente, por la Corte Constitucional por improcedente.
Igualmente, Zuccardi hizo referencia a una entrevista del 29 de septiembre de 2008 en un medio radial en el que Torres Sierra acusó a la exsenadora de un atentado que había sufrido el día anterior. Esto motivó una investigación que en enero de 2010 fue archivada, dentro del proceso 30.648, al “descartar razonablemente la existencia de un plan criminal ideado con miras a atentar contra la vida del Alcalde”.
La Corte deberá definir si en definitiva llama como testigo al que la defensa la exparlamentaria ha cuestionado por “calumnia consecutiva”.
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