El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, empezó a liderar al interior del Gobierno Nacional la necesidad de adoptar un modelo administrativo que lleve a disminuir la cantidad de decretos para hacer más efectivo la operatividad de la administración pública.
Sin embargo, este modelo de operatividad de las normas es otra de las exigencias que tiene la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, a los países que deseen ingresar al llamado club de las buenas prácticas administrativas del Estado, proceso en el que ya se encuentra Colombia desde hace más de dos años.
“La adaptación de estas buenas prácticas internacionales, además de identificar los impactos que tiene la regulación en los ciudadanos y empresarios, contribuirá al ingreso de Colombia al Comité de Política Regulatoria, uno de los 23 comités de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde)”, señaló Gaviria Muñoz.
Según indicó, lo que se buscará en una primera fase entre 2015 y 2017, es incorporar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) como una herramienta para valorar la verdadera necesidad de emitir decretos, regulaciones o recomendaciones, aumentando el potencial de estos instrumentos normativos para solucionar los problemas de la política pública del país.
Un estudio previo hecho por el DNP señala que en los primeros tres meses del año, 18 entidades del Gobierno nacional emitieron 80 decretos con reglamentaciones sustanciales, lo que implicó algún nivel de impacto sobre la economía, las empresas o los ciudadanos.
“De esa cantidad de decretos, 30 modificaron al menos un artículo de una norma anterior. Los actos administrativos emanados del poder Ejecutivo que generalmente poseen un contenido reglamentario/regulador, como decretos y resoluciones, son emitidos por ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, comisiones de regulación, agencias y direcciones nacionales”, plantea el reporte del DNP.
Un informe anterior hecho por el Ministerio de Justicia y del Derecho, reveló que entre 2007 y 2011, 16 entidades del Gobierno Nacional emitieron 4.039 decretos, 1.645 fueron decretos con reglamentaciones sustanciales.
De esos 1.645 decretos, en 772 oportunidades se presentó el ítem de modificación de decretos. Esto significa que el 45,7 por ciento de la producción normativa sustancial de los Ministerios en los últimos cinco años está orientada a las modificaciones legales en las áreas de sus competencias. Esto es lo que se considera como inflación normativa.
Las entidades que más expidieron decretos hasta marzo pasado fueron los Ministerios Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social, y Comercio, Industria y Turismo.
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