Todo apunta a que una de las más afectadas por el trabajo a media máquina de la Corte Constitucional, sumergida en la manera como resolverá sus problemas de aparente corrupción, será la capital del país y de paso el erario público.
La cuenta regresiva para saber si se invierten o no los 40 mil millones de pesos que cuesta la revocatoria del alcalde Gustavo Petro empezó a correr, y el alto tribunal no da señas de querer iniciar el estudio del recurso de nulidad que fue radicado por la Registraduría Nacional contra la orden que fija dos meses para que se convoque a las urnas.
Y es que aunque ocho magistrados no quieran verse las caras con el suspendido presidente de esa corporación, Jorge Pretelt, investigado por la supuesta recepción de 500 millones de pesos para influir en un proceso de tutela, es a la sala plena -que integran estos nueve juristas-, a la que le corresponde pronunciarse acerca de la viabilidad o no del fallo que fija 60 días para que la Registraduría llame a los capitalinos a las urnas.
"Si la Corte se pronuncia cuando ya estemos adelantando la logística, ya no podremos parar", afirma el Registrador Carlos Ariel Sánchez. Así recordó que al alto tribunal no le asiste afán alguno, pues no tiene plazos fijados.
'5, 4, 3, 2...'
La primera semana de mayo sería, en caso de que el Ministerio de Hacienda entregue los recursos correspondientes, la fecha en que se entraría en lo que se ha denominado al interior del organismo electoral como el ‘punto de no retorno’.
Según conoció COLPRENSA, una vez el Estado gire los dineros, en el primer mes se deberá realizar la preparación para el referendo de revocatoria, y una vez iniciada esta fase, no se podrá echar marcha atrás, pues el dinero habrá sido invertido en la preparación.
Así las cosas, las alarmas están prendidas y se espera un guiño por parte del Gobierno, que se ha acercado tanto a la Corte Constitucional; al punto de afirmar que no dejará que ésta sea "linchada", para pedirle que de manera pronta resuelva este asunto. De igual manera, se aguarda una insinuación para que se acate el llamado del Registrado, Carlos Ariel Sánchez, quien ha calificado este gasto como "ineficiente".
Las cuentas de la Registraduría, y la experiencia en este tipo de convocatorias, permiten afirmar sin temor a dudas que a ellas no acude el mínimo necesario para que pueda suceder algo que cambie el escenario político que se quiere modificar.
Para el caso de Bogotá, se necesita que a las urnas acudan como mínimo 1 millón 234 mil personas, para que se pueda dar una decisión en cualquier sentido, sea esta a favor o en contra del Alcalde Mayor de la ciudad.
A este cuestionado panorama debe sumarse un hecho que al parecer no tuvo en cuenta la Sala Quinta de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Jorge Pretelt, Jorge Iván Palacio y Gloria Ortiz, y es precisamente que en tan sólo siete meses el país afrontará las elecciones de mandatarios locales, entre quienes; por supuesto está Gustavo Petro.
Así las cosas, tanto el Ministerio de Hacienda como la Registraduría están a la espera de que el alto tribunal se ponga de acuerdo en el corto plazo y dé prioridad a la nulidad que podría salvar el gasto de 40 mil millones de pesos.
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