La procuradora delegada para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, advirtió que existen amenazas por parte de las personas a las que les anularon la inscripción de sus cédulas, y quienes -dice- no son trashumantes.
“La petición de la Procuraduría siempre fue la de combatir la trashumancia y por supuesto eso implicaba hacer un trabajo con miras a abolir ese delito. No obstante, en el cruce de información que hizo el Consejo Nacional Electoral se presentaron imprecisiones, se presentaron muchas personas que en efecto residían en los municipios”, dijo Carreño.
Por lo anterior, afirmó la funcionaria que “desafortunadamente hay amenazas hasta de orden público de quienes consideran cercenado su derecho a elegir y a ser elegido”.
Las declaraciones de la procuradora se dieron luego de la última Comisión de Seguimiento Electoral, donde según Carreño la Procuraduría hizo un llamado al CNE y a la Registraduría para que se garantice el derecho a elegir de dichas personas. Y para que en una casi que emergencia electoral se resuelvan los recursos de aquellas personas que demuestren ser residentes en dicho municipios”.
Por otra parte, la procuradora resaltó su preocupación por la participación en política de los funcionarios públicos. “Ese fenómeno abunda en nuestro territorio, tenemos cerca de 1.300 quejas por actos de presunta participación en política de los funcionarios públicos”, dijo la procuradora.
Comentarios ()