“No tengo conocimiento de tener ninguna denuncia en la Fiscalía, ni he sido notificada, ni imputada, ni nada de eso”, expresó la candidata a la Alcaldía del municipio de Santa Catalina, Esperanza Ramírez.
Dos corregimientos del municipio irán a las urnas mañana, por orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, para votar por los candidatos Esperanza Ramírez de La U; Salomón Castro, de Cambio Radical y quien era el alcalde hasta diciembre pasado; Jairo Ortíz, del Polo; Carlos Tovar de la Alianza Verde, y Manuel Polo, de Opción Ciudadana.
En el 2015, el día de las elecciones se registraron actos de violencia electoral en 7 mesas de votación de Loma Arena y una de Pueblo Nuevo, y se perdieron 160 votos, y fue la misma candidata Ramírez quien instauró la demanda ante el Tribunal.
Pero ahora Ramírez es señalada por el concejal Wilson Gamarra de estar detrás de un presunto constreñimiento ilegal, y en el que el denunciante dice que unos abogados lo llamaron a su casa exigiéndole el pago de un letra en blanco que, según el concejal, la candidata “les obligó a firmar a él y a los concejales Beatriz Cabarcas, Jaime Puello y José Cervantes”, como garantía para que la acompañaran en la elección.
La candidata negó los señalamientos. Explicó que se dirigió hasta la Fiscalía y no encontró nada en su contra. Advirtió que todo hace parte de una estrategia sucia para enlodar su nombre a pocos días de las elecciones atípicas parciales. “Están buscando confundir a los electores, para que piensen que cometí un delito; jamás le he hecho firmar nada al señor Gamarra, si él tiene una deuda o si le hicieron una llamada no tengo que ver con eso; él me escribió hace algunos días contándome de esos hechos y le dije que le contestara a los que lo llamaban porque no tengo información al respecto. Atenderé a la justicia si es del caso, pero emprenderé las acciones jurídicas contra el señor por la difamaciones que me ha hecho”, dijo Ramírez. La candidata dijo que ella sí ha puesto denuncias ante la Uriel, Procuraduría y la MOE, “porque tengo pruebas de que otro candidato está utilizando recursos del municipio y personal para su campaña”.
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