Las aspiraciones del consevador Antonio Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena podrían irse abajo tras la petición de la Procuraduría al Consejo Nacional Electoral -CNE- de revocar su inscripción como candidato a las próximas elecciones atípicas que se realizarán el 6 de mayo próximo.
La solicitud la hizo el procurador 21 Judicial II Penal, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, que presentó pruebas sobre la posible inhabilidad del candidato por haber celebrado varios contratos, ampliados con otrosíes, con entidades públicas un año antes de las elecciones.
La solicitud de la Procuraduría en contra de la candidatura de Quinto Guerra se suma a la interpuesta por el abogado César Saavedra y admitida por el CNE el pasado 5 de abril.
Según el concepto emitido por el procurador Sanjuán Gálvez, tras las investigaciones se probaron que el ahora candidato realizó un contrato con el departamento de Bolívar el 1 de marzo de 2017, que se extendió hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. (Descargue aquí el informe).
Quinto también sostuvo un contrato, explica el informe, con el Ministerio de Vivienda el 29 de enero de 2017, con prórroga hasta el 30 de octubre de ese año.
Esos contratos estuvieron vigentes por otrosíes hasta mínimo cinco meses antes de la fecha inicial en que se habían convocado las elecciones -15 de abril- y seis meses antes del 6 de mayo, día para el que finalmente fue confirmada la jornada electoral.
Esos contratos conllevan un privilegio y ventaja frente a los demás aspirantes, sostiene el procurador en el concepto emitido al CNE, e implican las causales de inhabilidad detalladas en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y modificado por el artículo 37 de la Ley 617 del 2000.
Ese artículo 37 dice que tiene causal de inhabilidad: “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
Por lo tanto, el procurador pidió al CNE que declare la revocatoria de la candidatura de Quinto Guerra.
“Esta agente del ministerio público le solicita a esa Corporación que revoque el acto de inscripción de Antonio Quinto Guerra Varela, realizado el 2 de marzo de 2018, como preparatorio para participar en las elecciones a realizarse el 6 de mayo del presente año, ya que el mencionado ciudadano está inhabilitado para ocupar el cargo de alcalde de Cartagena, al haber mantenido, dentro del año anterior al día de elecciones, varias vinculaciones de tipo contractual con entidades publicadas, así como haberse producido actos consensuales del mismo carácter en interés propio, cuyos objetos se ejecutaron dentro del territorio del Distrito de Cartagena-Bolívar”, solicita el informe del Ministerio Público.
El procurador pide además que las medidas se tomen antes de las elecciones para garantizar el derecho de participación ciudadana de los electores.
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