La Red de Veedurías Ciudadanas (RedVer) demandó ante el Consejo de Estado, el Decreto del Gobierno Nacional que otorgó una nueva prima a los congresistas por un valor de casi 8 millones de pesos por concepto de servicios especiales.
La demanda contra el Decreto 2170 del 4 de octubre de este año afirma que el Gobierno Nacional no tenía la potestad legal para crear esta prima.
El presidente de la RedVer, Pablo Bustos, explicó a COLPRENSA que con esta nueva prima el Gobierno “desatendió los dictados del Consejo de Estado cuando tumbó las primas de localización y de salud, toda vez que le impuso la exigencia de determinar las condiciones específicas sobre las cuáles se argumenta su creación”.
A juicio de RedVer la prima de servicios especiales no tiene el soporte legal necesarios y además, tiene un carácter retroactivo que “a todas luces es ilegal”.
“El Gobierno desafió al país y se dio en la tarea de entregar a manos rotas un regalo al Congreso de la República una exigencia más de orden política que la satisfacción de los requerimientos judiciales”, agregó Bustos.
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