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Registrador pedirá nulidad de convocatoria para revocar a alcalde Petro

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El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, aseguró este miércoles que acepta el fallo de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional de una tutela con la cual se ordenó realizar la convocatoria para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

En rueda de prensa Sánchez, precisó que si bien dispondrá de toda la infraestructura para hacer esa votación, está a la espera de la notificación oficial de la tutela para interponer un derecho de nulidad, con lo cual busca que se caiga definitivamente esa revocatoria.

El Registrador señaló que para citar a la revocatoria ese proceso no estará listo antes de junio próximo, porque la Registraduría requiere de un tiempo para disponer todo para la votación, pero en especial conseguir el dinero.

“Hemos actuado responsablemente en este proceso”, dijo Sánchez, quien respondió de esa manera a quienes le han cuestionado por haber supuestamente demorado la consulta revocatoria.

Explicó que hacer esa votación le costaría al país por lo menos 40 mil millones de pesos, un gasto que se suma a las elecciones de octubre próximo que le valen al Presupuesto de la Nación más de 150 mil millones de pesos.

De la misma forma el Registrador sostuvo que la revocatoria se podría realizar tan sólo hasta antes de la elección de Alcalde de Bogotá el 25 de octubre, porque en su concepto después de esa fecha ya se habrá elegido a un nuevo mandatario en la capital del país.

RECHAZO DE MININTERIOR

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló este miércoles que sería innecesario revivir el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ordenado por la Corte Constitucional, a pocos meses de las elecciones locales.

Con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, la Corte le ordenó a la Registraduría que en dos meses realice el proceso de convocatoria para las elecciones que sacarían al mandatario y que son promovidas por Miguel Gómez Martínez, proceso que había sido suspendido cuando el presidente Juan Manuel Santos lo sacó del cargo y puso a Rafael Pardo como alcalde encargado.

De acuerdo con el jefe de la cartera política, “no parecería lógico ni conveniente que cuando estamos a seis meses de elegir el nuevo Alcalde de Bogotá, la ciudad se meta en ese proceso”, recordando que el proceso electoral podría costar cerca de $50.000 millones al Distrito.

Aun así, Cristo dijo que “hay que cumplir el fallo de la Corte Constitucional, hay que revisar la situación jurídica del proceso”, por lo que acatará y respetará la decisión del órgano.

La Sala estima que la Registraduría debe convocar a la ciudadanía en dos meses, dado que el periodo institucional de Petro va hasta diciembre de 2015 y aún es pertinente. El argumento es que no había razones para que la Registraduría no reanudara el trámite, pues la destitución del alcalde Petro está suspendida y Petro aún actúa en ejercicio de su cargo.
 

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