La investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el congresista Iván Cepeda generó un enfrentamiento entre la organización internacional de derechos humanos Human Right Watchs y el abogado Jaime Granados, apoderado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez manifestando su desacuerdo con la investigación que le adelantaba a Cepeda por un presunto abuso de funciones relacionados con las entrevistas que ha realizado el congresista a ex jefes paramilitares en diferentes cárceles.
De acuerdo con HRW, la investigación es injustificada, pues Cepeda no ha cometido irregularidades al denunciar sino que, al contrario, se trata del deber de denuncia que le asiste como servidor público.
“Human Rights Watch no tiene conocimiento de que exista ni un elemento de prueba convincente que indique que el representante Cepeda haya brindado a la Fiscalía testimonios "fraudulentos" con el objeto de “inducir en error” a esta, como lo exige la definición del delito de fraude procesal”, dice la carta.
Tras conocerse la misiva, el abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del ex presidente Uribe Vélez, rechazó las afirmaciones e indicó que Vivanco habría cometido un error al indicar que el Ministerio Público estaría incurriendo en un ataque contra el congresista.
“Ahora resulta que la administración de justicia en Colombia, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, tienen que actuar como lo diga el señor Vivanco”, precisó Granados.
Y agregó: “En Colombia hay dos clases de colombianos: los que tienen vínculos con estas organizaciones de derechos humanos como es HRW, en este caso Iván Cepeda; y en otro lado estamos todos los colombianos que sí podemos ser investigados por la Fiscalía, por la Corte Suprema, por la Procuraduría, para que ejerza la función que tiene que hacer”.
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