El ministro de justicia, Yesid Reyes, está convencido de que con las reformas que ya están en marcha para la administración de Justicia se van a contrarrestar todos los problemas que viene enfrentando la Rama, superar los escándalos y acercar los servicios a la comunidad.
Aunque no pide la renuncia de Jorge Pretelt, en entrevista con COLPRENSA sí admitió que si el magistrado toma la decisión de apartarse del todo como presidente de la Corte Constitucional, eso le devolverá la confianza a esa entidad.
Por último, está convencido de que Colombia se está preparando y está lista para afrontar la eventual etapa de postconflicto tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc.
- ¿Estamos viviendo el peor momento de la justicia en toda nuestra historia? Parece que no hay forma de salir de escándalo tras escándalo…
Sin duda en materia de credibilidad tenemos la opinión más baja en la historia de Colombia, tanto así que a finales de 2014 la imagen negativa de la justicia llegó al 84%. Hay desde luego una seguidilla de escándalos, pero eso no significa que no haya cómo salir del problema; de hecho hay muchas soluciones, proyectos e iniciativas orientadas precisamente a solucionar esos problemas que padece la administración de justicia, no solamente a través de un proyecto estructural como la Reforma de Equilibrio de Poderes que se ha planteado ante el Congreso, sino otra series de proyectos, algunos de Ley y otras iniciativas que tiene el Ministerio, buscando facilitar ese acceso del ciudadano a la administración de justicia.
- ¿Qué tipo de soluciones están manejando aparte de la Reforma al Equilibrio de Poderes?
Aparte del tema de Equilibrio de Poderes la preocupación fundamental del Ministerio es acercar la justicia al ciudadano, para eso estamos trabajando en distintos frentes, que tienen que ver con el rediseño y el fortalecimiento de las casas de justicia y, en esa misma línea, estamos trabajando en el rediseño de las comisarías de familia, que se usan muchísimo para la solución de casos relacionados con violencia intrafamiliar, y estamos fortaleciendo figuras como la de los conciliadores en equidad y en derecho. También presentamos un proyecto de ley, que ya se aprobó en el Congreso, de recursos alternativos de financiación de la administración de justicia, con ingresos aproximados de un billón de pesos anuales, que se van a dedicar durante los próximos cuatros años a la puesta en marcha de un código general del proceso, a terminar de poner en funcionamiento los códigos administrativos y a hacer ajustes al sistema oral acusatorio. A propósito, junto con la Fiscalía General de la Nación vamos a presentar un proyecto de ley para introducir modificaciones al código penal y eliminar algunos de los cuellos de botella que empantanan las audiencias; dentro de esas modificaciones que se van a proponer está incluida la implantación de los jueces de pequeñas causas.
- Con la suma de escándalos recientes, ¿sigue el Gobierno seguro de que lo que necesita la justicia es la aprobación de ese proyecto de Reforma al Equilibrio de Poderes?
El Gobierno tiene el convencimiento de que hay instituciones que no funcionaban correctamente desde antes de los escándalos de los últimos días y eso es lo que explica que se presentara la reforma, orientada en uno de sus puntos más relevantes a eliminar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y sustituirla por un ente que sea capaz de administrar de manera más eficiente y transparente la rama judicial. Aunque, reitero, la reforma al equilibrio de poderes no es la forma de arreglar todos los problemas de la administración de Justicia, eso soluciona problemas puntuales. Para todo lo demás, que tiene que ver con la interacción diaria del ciudadano con la justicia, es para lo que estamos adelantando las iniciativas que le mencione anteriormente.
- ¿La dignidad de la Corte Constitucional se recupera con la premura de la investigación y con el retiro de Pretelt de la Presidencia? ¿O el cambio tiene que ser profundo?
Las investigaciones disciplinarias o penales no tienen como propósito la recuperación de dignidad; es cierto que la majestad de la justicia se ve afectada con escándalos como los que ustedes mencionan y solamente investigaciones que sean rápidas y eficientes, y que le muestren en general a la ciudadanía que el aparato judicial funciona correctamente, pueden ayudar con el tiempo a restaurar la confianza perdida, pues no son los procedimientos penales y administrativos los que afectan.
- ¿Considera que el magistrado Pretelt debería apartarse definitivamente del cargo?
Creo que es una decisión personal, no hay ninguna norma disciplinaria ni penal que obligue a una persona respecto de la cual se ha formulado una denuncia a retirarse del cargo, entre otras cosas porque eso supondría una clarísima violación a la presunción de inocencia. Entonces ni legal ni disciplinariamente existe una norma que obligue a eso. Si él considera que apartarse de la presidencia de la Corte Constitucional mejora el ambiente de desconfianza que el escándalo ha generado, por supuesto que la decisión personal es bienvenida. Realmente manda un mensaje a la ciudadanía, en el sentido de que se hace a un lado mientras se resuelven los problemas que han generado esa sensación de inconformidad.
- ¿Qué ha pasado con las denuncias del Presidente de la República contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por supuesto lobby contra la reforma?
He visto por medios de comunicación sobre reuniones que ha tenido el Consejo Superior de la Judicatura, en las que se habría hecho referencia a un lobby realizado, pero no conozco que se esté adelantando una investigación formal por estos hechos. La preocupación que manifestó el Presidente es el hecho de que se despliegue cualquier clase de actividades al margen de la ley, para persuadir de manera ilegítima a los congresistas para tomar una decisión a favor del mantenimiento del Consejo Superior de la Judicatura o en cualquier sentido que sea, pues la determinación de los congresistas tiene que ser libre y producto de un debate, abierto, franco y transparente sobre el debate de la reforma que se está proponiendo.
- ¿Cómo recuperar la confianza de la gente ante estos escándalos, más otros que afectan al Consejo de Estado y a la Corte Suprema?
Es un error reaccionar frente a escándalos, es lo más frecuente, infortunadamente, en Colombia y esa reacción coyuntural frente a escándalos normalmente no trae buenos resultados, esos escándalos no son nunca ni la raíz, ni la esencia del problema, son solo manifestaciones de un problema subyacente. Lo correcto no es la reacción frente a esos problemas coyunturales sino el análisis de las situaciones de fondo que pueden estar generando ese mal funcionamiento en las instituciones para corregirlas. Independientemente de lo que pase con el magistrado Pretelt es evidente que hay un funcionamiento incorrecto en algunas instituciones de la administración de justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura en la sala administrativa, y que hay problemas en relación con la llamada puerta giratoria y esos son los temas puntuales que independientemente de nombres concretos tienen que abordarse y modificarse. Ahora, estos cambios se están proponiendo en la reforma constitucional del Equilibrio de Poderes, con la eliminación del Consejo superior de la Judicatura y su sustitución por un ente nuevo que pueda administrar de manera más eficiente la administración de justicia; acabar con la puerta giratoria, establecer inhabilidades frente a la elección de nuevos cargos para la administración de justicia y la eliminación de la Comisión de Acusaciones, para sustituirla por lo que se ha venido mencionando como Tribunal de Aforados, todas esas propuestas que está haciendo el Gobierno están orientadas a resolver los problemas estructurales de la justicia.
- En concreto, ¿cuál es su opinión sobre la administración de la rama judicial?, ¿cómo debe continuar el Consejo de la Judicatura?
La propuesta que tiene el Ministerio de Justicia es reemplazar esa sala de magistrados que hay, por tres niveles de decisión distinto: el primero, una sala de gobierno, que estaría conformada por magistrados de las altas cortes, pero también por representantes de otros niveles de la administración de justicia, por ejemplo magistrados de tribunal, jueces y empleados judiciales y con otras voces, para algunos temas puntuales, del Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, abogados litigantes y representantes de la academia. Un segundo nivel sería la junta de administración judicial, que sería una junta directiva que debería estar compuesta por tres técnicos para que se ocupen de los parámetros generales de administración de la rama, como presupuestos, creación o eliminación de despachos judiciales. Y un tercer elemento, que sería el encargado de aplicar esas políticas de administración.
- ¿Cómo responde la justicia a comentarios de las FARC de que ésta no se encuentra preparada para atender el posconflicto?
Los retos este año y los próximos es acercar el sistema de justicia al ciudadano con un enfoque territorial, esto es decisivo en una era de posconflicto, para llegar a las necesidades de cada región. En general el Estado, pero particularmente la justicia, está trabajando en el mejoramiento. Tenemos problemas y necesidades insatisfechas que aumentan el bajo nivel de credibilidad; por tanto, resolver esos problemas no es necesario solo con miras al postconflicto sino que es una necesidad diaria.
- ¿Qué opinión tiene sobre la justicia transicional aplicada a todos los actores del conflicto armado?
La justicia transicional está diseñada en casos como el colombiano para permitir el tránsito de un conflicto armado interno a una situación de paz y la única forma es involucrar a todos los que hacen parte y darles una solución. Debe quedar claro que cuando uno habla de justicia transicional no es un reparto indiscriminado de beneficios. Se requieren aceptaciones de responsabilidad y reparación de víctimas; es decir, no hay beneficios sin contraprestaciones.
- Pasando a asuntos administrativos del Gobierno, ¿cuál es la estrategia para disminuir la congestión judicial?
La congestión judicial ha venido siendo manejada a través de la figura de los jueces de descongestión, porque inicialmente se pensó que era un tema coyuntural y se creyó que nombrando a una especie de brigada de jueces de emergencia era posible eliminar ese exceso de trabajo de la rama y dejar a los jueces con una carga de trabajo razonable. Lo que la práctica ha venido demostrando es que la congestión es un tema estructural, no se elimina con una brigada temporal de jueces; llevamos diez años con esa brigada temporal, sin lograr acabar ese cúmulo de trabajo, eso lo que pone en evidencia es que hace falta aumentar la planta permanente de funcionarios de la rama judicial.
- Mucho se habla de esa estrategia contra la descongestión cuando hay protestas labores…
Sí. Eso explica que a finales de 2014 se decidiera acabar con los jueces de descongestión y empezar un proceso de conversión para convertirlos en jueces permanentes, para eso el Gobierno Nacional le entregó este año 500 mil millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura, pero infortunadamente estamos en marzo y todavía ni se ha hecho público el programa del proyecto que tienen para llevar a cabo ese proceso. De otro lado, es muy importante seguir dotando de herramientas tecnológicas la administración de justicia, lo cual la hace más eficiente, y ampliar las instituciones capaces de resolver conflictos sociales. En Colombia tenemos 103 casas de justicia funcionando y estamos prontos para inaugurar una en Córdoba y otra en Tolima; aparte de continuar aumentando el número de casas, estamos haciendo un análisis para rediseñarlas y articularlas con más instituciones.
- ¿En qué ayudará la implementación del nuevo sistema de identificación biométrica?
El sistema de identificación biométrica, que ya está funcionando en el país, va a dificultar la falsificación de documentos en las notarías, pues ya no será tan fácil falsificar una firma, ni documentación. También brindará agilidad en trámites notariales y ayudara a evitar la suplantación de una persona.
- ¿Cuál es su opinión ante el debate sobre la idea de establecer la pena de muerte o la pena de cadena perpetua?
La de la pena de muerte es una discusión vieja. Lo que está claro históricamente es que la magnitud de las penas no permite solucionar el fenómeno delictivo. Si eso fuera así de simple ya se habría puesto pena de muerte para todos los delitos y se habrían eliminado.
(((RECUADRO)))
LA WEB DE CONSULTA JURÍDICA
Estamos trabajando en una página web que se va a llamar Legal App y que les permitirá a los ciudadanos formular consultas simples. La página identificará desde el punto de vista jurídico cuál es el problema y dará recomendaciones sobre cómo se soluciona el problema, dónde se soluciona y qué necesita para tramitar esa solución; finalmente le dará un listado de las autoridades e instituciones que están cerca y le pueden ayudar a solucionar el problema. La idea es que a mediano plazo esa página web se convierta en una aplicación para teléfonos inteligentes, todo eso con la pretensión de acercar la justicia al ciudadano.
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