Las juntas de acción comunal de Valledupar, solicitan a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República investigar al alcalde del municipio de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, quien estaría incurriendo en irregularidades en un contrato para la región.
La queja disciplinaria y fiscal interpuesta por estas personas, explica que el Mandatario municipal habría omitido la contratación de interventoría externa para un contrato celebrado entre el Municipio de Valledupar y la Unión Temporal Amoblamiento Urbano de esa ciudad.
En el documento se explica que dicho contrato, con fecha del 3 de marzo de 2005, era para la “comercialización, explotación, mantenimiento, operación, instalación y reposición del Sistema Mobiliario Urbano del Municipio de Valledupar, y la explotación de la publicidad externa visual del mismo”.
En la queja además se explica que “la vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del presente contrato la hará el municipio a través de la interventoría”.
Además agrega que, “el interventor designado tendrá acceso a toda la documentación de la ejecución del contrato (...) hasta tanto el municipio contrate la interventoría externa, la misma será ejercida por la Secretaría de Planeación
Municipal, cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones inherentes a la labor de interventor del contrato”
Sin embargo, según los denunciantes dichas cláusulas no se cumplieron, “el alcalde Fredys Socarrás desde que asumió su cargo ni siquiera ha perpetuado proceso de licitación encaminado a dicha contratación”.
Además afirman que “se advierte una conducta dolosa en su actuación, pues a sabiendas de su deber de contratarla y hasta inició un proceso para acabar la concesión” y añaden en sus alegatos que “tiene más de 18 meses como alcalde poniendo en riesgo tanto la ejecución del contrato como los recursos invertidos en esa misma ejecución”.
Así las cosas, para los denunciantes también se estaría incurriendo en conductas sancionables tanto disciplinariamente como desde el punto de vista penal, “prevaricato por acción y detrimentos patrimoniales”.
Además, en otro documento donde el Alcalde se defiende y afirma no haber incurrido en dichas acusaciones, los demandantes afirman que “se contrató un empréstito por un valor de 20 mil millones de pesos donde la fuente de pago asociada es la Contribución de Valoralización por Beneficio General, teniendo como rentas sustitutas, la sobre tasa a la gasolina y el impuesto predial. Hoy el no cobro de la contribución está permitiendo que este crédito sea pagado con las rentas sustitutas generando en el municipio desequilibrios económicos y permitiendo que las obras contratadas con esta fuente sean afectadas en su estructura porque no están terminadas en su totalidad”.
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