El Tribunal Administrativo de Bolívar falló a favor del concejal Américo Mendoza Quessep, Alianza Social Independiente, ASI, quien había sido demandado alegando violar el régimen de inhabilidades por estar desempeñando el cargo de profesor de catédra en la Universidad de Cartagena mientras ejercía como concejal. La demanda pedía la perdida de investidura para el concejal.
En su sentencia el Tribunal consideró que no hay violación de la Ley 617 del 2000 – artículo 40- pues los profesores catedráticos no adquieren la calidad de empleados públicos, pues no son docentes de medio tiempo o tiempo completo, que sí constituirían el desempeño de un cargo público.
El Tribunal también se refirió a los actos administrativos por los cuales se vincula a Mendoza Quessep a la entidad de educación pública, diciendo que estos no deben entenderse como contratos celebrados, que sí acarrearían una inhabilidad para ejercer el cargo de concejal.
Además, el Tribunal señala que el demandante no logró demostrar que el concejal violó el régimen de inhabilidades por haber estado vinculado a la Universidad de Cartagena como docente de cátedra.
“DETRÁS DE ESA DEMANDA HABÍA UN INTERÉS PARTICULAR”
El concejal Américo Mendoza se refirió al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que lo favorecía y lo ratificó en su cargo.
“Estoy tranquilo. Se ha hecho justicia y se ha dado claridad sobre el tema”, comentó Mendoza. “En sentencias previas se ha establecido que no existe ni inhabilidad, ni incompatibilidad, en el ejercicio de la docencia y la posibilidad de aspirar o ejercer como concejal, toda vez que los docentes pertenecemos a un régimen especial cuando somos catedráticos, y que ese régimen especial nos lleva a un punto en el que no somos contratistas del Estado”
El cabildante insiste en que “como docentes no firmamos contrato y eso hace que no solamente los concejales, sino los magistrados y los jueces sean docentes universitarios, siempre que no sean ni de medio tiempo, ni de tiempo completo”.
El concejal del partido ASI afirmó desconocer quién había interpuesto la demanda “el Tribunal Administrativo, acertadamente, tomó la decisión de negar la pretensión de un abogado que estaba representado no se a quién y que trataban de adelantar el proceso de pérdida de investidura”. Finalizó comentando: “cuando se interponen este tipo de demandas, detrás hay alguien que tiene un interés particular”.
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