Al presidente ad hoc para el cobro de $7.200 millones al Distrito, César Pión, le pareció que la citación por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar a 31 concejales y exconcejales que reclaman dichos fondos, es un requisito que hay que cumplir y que no es nada del otro mundo, como, según un sector del Concejo, lo pretenden hacer ver quienes quieren escandalizar el caso.
El concejal se refirió a la decisión del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, quien ordenó citar a los concejales y exconcejales que cobran los rubros de acuerdo a la Resolución 103 del 8 de marzo de 2012.
El alto Tribunal acogió una acción popular presentada por el ciudadano Óscar Borja Santofimio, quien aduce razones para proteger al Distrito de que pague dicha suma porque se generaría un presunto detrimento patrimonial a las arcas públicas.
Los $7.200 millones es el resultado de la suma individual que cada concejal y exconcejal exige, consistente en honorarios dejados de pagar en el lapso de 10 años.
En el grupo no entran los concejales que por primera vez llegaron a la Corporación en 2012.
“Los abogados están haciendo la reclamación en otras instancias, esto del Tribunal es una oportunida, porque ante este estrado van a llegar las declaraciones y los documentos de lo que pretenden los concejales y exconcejales, que consideran que se les debe un recurso y el Tribunal finalmente es quien va a decir si tienen o no derecho”, explicó Pión.
“La citación está bien y si se define en justicia y en derecho es una oportunidad para que los concejales puedan obtener los recursos que se les deben”.
“Ya en el país han fallado favorablemente con la misma solicitud, como en Bogotá y Neiva donde dieron dos sentencias que favorecieron a los concejos y permitieron pagar sumas similares”, dijo Pión.
El concejal asumió el cargo de presidente ad hoc para esta misión, ya que no estaba inhabilitado por ser concejal nuevo, como sí lo estaban Rafael Meza y Antonio Quinto Guerra, presidentes en 2012 y 2013, y quienes están relacionados en la lista del cobro.
Los que cobran
Los concejales activos citados por el Tribunal son: Boris Anaya, con 98 millones; Vicente Blel, $192 millones; David Dáger, $404 millones; Alfredo Díaz, $404 millones; Antonio Salim Guerra, $78 millones; Antonio Quinto Guerra, $293 millones; Rafael Meza, $292 millones, y Lewis Montero, $280 millones.
Dentro de los exconcejales emplazados están: Argemiro Bermúdez, $187 millones; Alberto Bernal, $359 millones; Joaco Berrío, $105 millones; Orlando Buelvas, $258 millones; María del Socorro Bustamante, $373 millones; Clara Calderón, $90 millones; Abraham Curi, $111 millones; Jaime Espinosa, $111 millones; María Elena Gutiérrez, $203 millones; Lorenzo Hodeg, $201 millones; Jorge Lequerica, $367 millones; William López, $239 millones, entre otros.
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