¿Dónde estaban el alcalde Manolo Duque y su primo José Julián Vásquez el 7 de enero de 2016, una noche antes de la elección de la contralora Nubia Fontalvo en el Concejo?
Esa es la inquietante pregunta que marcó las distancias entre la Fiscalía y los defensores de los cuatro imputados por los delitos de cohecho y concierto para delinquir, por las irregularidades en la elección de esta funcionaria.
Y parece ser la pregunta clave cuya respuesta resolvería el caso.
La Fiscalía se mantiene en que es claro que esa noche a las 8, en el despacho se reunieron el alcalde Manolo, JJ Vásquez, y varios concejales entre ellos, Jorge Useche, Zaith Adechine, Édgar Mendoza y Erich Piña; para fraguar “un pacto criminal” y apoderarse de la Contraloría y varias dependencias de la Alcaldía.
Al parecer el ente acusador posee más pruebas que demostrarían las celdas desde donde salían las llamadas y que señalarían al Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía.
Pero ese fue el punto de quiebre en la penúltima audiencia de ayer. La fiscal 53 Liliana Velázquez, quiso replicar ese material probatorio refiriéndose a la reunión antes de la elección de la Contralora. No obstante, el juez llamó la atención de la Fiscal y afirmó que dicha prueba no tenía validez a este punto del proceso y que solo debía limitarse a responder a los documentos que la defensa aportó en su exposición.
El abogado Cabarcas explicó a los medios lo que sucedió así: “La defensa técnica del alcalde Duque y José Julián, con evidencia propia de la misma Fiscalía, acreditó que José Julián no se encontraba en la reunión que según la teoría del caso de la Fiscalía, se celebró en el despacho ese 7 de enero; porque con las mismas evidencias de la Fiscalía se demuestra que en el celular de José Julián se recibieron llamadas, que fueron interceptadas, y que lo ubicaban en Bocagrande en una de ellas; y en la avenida del Arsenal en otras a esa hora, y no en las celdas de la Alcaldía que están en el edificio Andian. La fiscal pretendió replicar esa argumentación, pero el juez no se lo permitió a petición nuestra”.
La decisión, el viernes
Ya son 29 las noches que completa el suspendido alcalde Manolo durmiendo en el búnker de la Fiscalía en Crespo, en un despacho adecuado como celda, con su primo hermano JJ; la contralora Fontalvo y el concejal Useche.
Casi la mitad de todos esos días han tenido que acudir a una pequeña sala de audiencias del complejo judicial de la Judicatura, ante el juez cuarto penal de garantías José Luis Robles, en manos de quien estará la decisión sobre si dará cárcel, casa por cárcel o libertad por el presunto mayor escándalo de corrupción que toca a la clase política local.
Robles dio por terminada la audiencia y afirmó que el viernes a las dos de la tarde se tomará la decisión definitiva si envía o no a la cárcel a los detenidos por presunto concierto para delinquir, cohecho en concurso sucesivo, y asociación para la comisión de un delito.
Las réplicas de la fiscal
Ayer, mientras a las afueras del complejo judicial un grupo ciudadanos seguidores coreaban estribillos de apoyo al alcalde Manolo, la fiscal Velásquez refutó todos los alegatos de la defensa, sobre cada uno de los cuatro imputados, y reiteró la petición de medida de aseguramiento en sitio de reclusión para estas personas.
Para la fiscal, la petición del abogado Castaño para que la Contralora no sea llevada a la cárcel basado en un estado de enfermedad de la madre de esta no es un argumento válido, ya que se demostró que no viven en la misma casa.
Contra Useche, la fiscal se sostuvo en que sus escuchas sí revelaron la organización de un pacto y dádivas en puestos y dinero, configurando el concierto para delinquir y el cohecho.
Velásquez desestimó muchas de las pruebas de los abogados defensores y se mantuvo en que sí hubo un “pacto” revelado en los audios de Useche.
Reiteró que sí hubo obstrucción a la justicia cuando se solicitó información a la Alcaldía de Cartagena durante la investigación y se sorprendió que la defensa haya obtenido toda la información que requirió en tan solo 10 días.
Para Velásquez, todos los puestos que se habrían dado como dádivas en el marco de un pacto que señaló en la imputación de delitos “sí se dieron, y la Fiscalía presentó pruebas”. Se refiere a los nombramientos en el Datt, Dadis, Ider y en la Contraloría, como Carolina Lozano, Kelly Hodeg, Miguel Torres y Lady Ann Steer, entre otros que lo hicieron para favorecer a ciertos concejales y no como dicen los juristas, quienes argumentan que estos venían con la administración desde hace mucho tiempo.
Defensa reitera
Los abogados defensores se mantuvieron en que la mayoría de los cargos no obedecen a ningún pacto; y que los audios por sí solos no demuestran ningún plan que demuestre que sus defendidos pretendían apropiarse de recursos del Distrito o la compra de concejales para la elección de Fontalvo.
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