Antes de que se acabe el 2017 el país conocerá resultados contundentes en casos polémicos como el de Odebrecht, Reficar, la Triple A y demás escándalos de corrupción que han empañado a varias ciudades como Cartagena. Así lo anunció ayer el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en medio del Congreso Nacional de Infraestructura, que cerró con broche de oro su versión 14.
“Vamos a dar resultados particularmente en el caso de la Triple A. Este es un procesos donde la cooperación internacional con España ha sido fundamental, lamentablemente el fiscal general español murió la semana pasada en Buenos Aires y eso detuvo el proceso de cooperación judicial.
“Además, estamos abriendo investigaciones sobre 11 entidades del Estado en donde el fenómeno de concentración contractual se dio en el caso de Odebrecht. Haremos pliegos de cargos en las próximas semanas para el caso particular del Banco Agrario y en materia de bienes hemos formulado las solicitudes de extinción de dominio en varios casos, como lo son los ejecutivos brasileros”, dijo Carrillo.
El procurador General reveló que desde la institución se logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomara unas decisiones en relación a los contratos y en el caso del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué, en donde también se solicitó extinción de dominio.
Carrillo Flórez también dijo que están combatiendo el Cartel del “volteao” de tierras, que consiste en acomodar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a favor de sus financiadores, para así evitar que el país se estanque en materia de planeación.
De Cartagena
Uno de los logros más grandes que asegura tener el Ministerio Público está en Cartagena. El procurador resaltó que se han avanzado las investigaciones en La Heroica y que una prueba de esto es que esta semana se le abrió pliego de cargos al exalcalde Manolo Duque, pero que también le están haciendo acompañamiento a la Contraloría General de la República en investigaciones como la del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
“En el caso del PAE hemos secundado desde la acción y desde el punto de vista disciplinario al contralor. Como quedó claro, estamos enfrentados a carteles que tienen acción a nivel nacional. Estos no son simples contratistas de mediano nivel que se roban los recursos de los niños en los departamentos, sino que tienen una acción organizada por encima de la ley a nivel nacional. No logramos nada sacando unas sanciones ridículas para quienes están al frente del cartel, sino actuando de frente”, manifestó.
Por último, Carrillo anunció que harán audiencias públicas en dos municipios en Bogotá y habrá decisiones en el caso de concejales y la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado.
Contraloría haría ajustes
Por su parte, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dijo que uno de sus objetivos es acabar con las contralorías municipales, ya que en un país serio no pueden haber 63 entidades que tengan el control fiscal a nivel municipal, a nivel departamental y nacional.
“Respecto a la existencia de 63 contralorías en el país yo he tenido esta posición muy clara y es el acabarlas. Vamos a presentarle al país un estudio muy serio y profundo sobre el tema de la existencia y necesidad de que exista una Contraloría única en el país.
“No hay nada en contra de los contralores que ejercen los cargos a nivel municipal y departamental, solo que este es un tema de carácter institucional”, dijo.
De Electricaribe
Maya Villazón resaltó que ha hecho vigilancia de todas las irregularidades que se han cometido en Electricaribe y que por eso la Contraloría entregó resultados sobre el caso de unos subsidios con los que la entidad respaldaría a 600 mil usuarios de estratos 1 y 2, en el que encontraron irregularidades.
Además, recordó que la empresa tiene un problema con las líneas de conducción que están sulfatadas.
“Para nadie es un secreto que Electricaribe está en una crisis financiera muy profunda por falta de recursos. Hay una posibilidad de que el gobierno haga un aporte para la situación, nosotros consideramos que en febrero esa crisis está sobrepasando los 130 mil millones para la eficacia.
“Quiero decir que no hay ninguna posibilidad de que estos operadores que tuvieron la concesión de Electricaribe de origen español vuelvan a recibir como premio del gran manejo la posibilidad de operar el sistema eléctrico de los siete departamentos de la costa. Esperamos que la financiera haga un estudio serio y se haga una contratación de la misma forma para beneficio de todos los habitantes de la región Caribe”, dijo el contralor.
Crisis penal
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habló sobre la crisis del derecho penal en el país, del aumento de funcionarios en la Fiscalía para combatir la corrupción y de las limitaciones de la justicia colombiana.
“No soy amigo de aumentar las penas pero creo que nos va a tocar entrar a revisar ese capítulo, sobre todo en esa lucha contra la corrupción, además de las penas accesorias, las inhabilidades, porque hay que sacar al corrupto del circuito económico y extinguirle el dominio de sus activos”, expresó el jefe del ente acusador.
El fiscal también reveló que el operador del PAE en Santander compró tamales a una asociación de operadores de grúas, domiciliada en Acacías, Meta, por un valor de $30 millones.
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