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Useche pide al Distrito que ampare a familias del viejo edificio Mainero

El concejal Jorge Useche se refirió a los hechos relacionados con la orden de la inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 1, Amalia Jaspe Prens, quien emitió la resolución 0013, que declara que el edificio Juan B. Mainero, en el barrio Getsemaní, avenida Luis Carlos López, se encuentra en situación de ruina y peligro de desplome, y que debe ser desalojado.

Para el concejal conservador la situación es preocupante.

“En este edificio habitan 20 familias pobres de Cartagena, quienes se pusieron a la tarea inmediata de realizar las reparaciones necesarias para la estabilidad del edificio. Estas obras fueron llevadas a cabo con el famélico presupuesto con que podían contar, con la asesoría de un ingeniero, mano de obra conocedora de la construcción, con mucho esfuerzo y dedicación, hasta lograr que su vivienda fuera totalmente segura, tanto para ellos como para los vecinos y transeúntes”, dijo el concejal.

Useche criticó que la inspectora “pretende hacer valer hoy la resolución de desalojo, dos años después de emitirla sin tener en cuenta que el edificio ya se encuentra reparado”.

El concejal expresó que conoció los conceptos de los ingenieros Jorge Rocha Rodríguez, experto en estructuras, fundaciones y estructuras antiguas; y José María Reyes especialista en patología de la construcción, quienes coinciden en que el edificio Juan B. Mainero “no se encuentra en riesgo de desplome o situación actual de ruina”.
“Los expertos coinciden en que para establecer el actual estado de ruina de la edificación es necesario realizar las pruebas técnico científicas de vulnerabilidad de que trata el artículo 8 del Decreto Nacional 1469 de 2010, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas”, dijo Useche.

Expresa que no entiende “¿Cuál es la finalidad de desalojar hoy a estas familias pobres de su vivienda?”.

Para el concejal si la orden se cumple, “sería un atentado contra la función social de la propiedad, reconocida en el artículo 58 de nuestra Carta Magna. Y, peor aún, deberá estudiarse la posible responsabilidad patrimonial del Distrito frente a estas personas”.

Reveló que existe un ingrediente adicional en un fallo de tutela del 27 de junio de este año, del Juzgado 15 Penal Municipal de Cartagena, en vista del inminente desalojo programado por Jaspe Prens, que ordenó a la Alcaldía brindar una solución de vivienda a estas familias.

Apartes del texto de la constancia del concejal Jorge Useche

¿Cuál sería el efecto de este desalojo?
La respuesta  es clara y, por demás, lógica: siendo que el objeto del desalojo era, hace dos años, salvaguardar la vida e integridad de los residentes del edificio Juan B. Mainero, así como la de sus vecinos y transeuntes, y siendo también que la edificación ya no se encuentra en el estado en que se encontraba en aquel entonces, no existe finalidad actual para echar a la calle a estas personas.

 Un desalojo en las condiciones en que se encuentra actualmente el edificio Juan B. Mainero sería dejar sin vivienda injustamente a alrededor de 20 familias pobres cartageneras. Pero además de eso, sería un atentado contra la función social de la propiedad, reconocida en el artículo 58 de nuestra Carta Magna. Y, peor aún, deberá estudiarse la posible responsabilidad patrimonial del Distrito frente a estas personas, y la responsabilidad penal de la funcionaria que las despoje, sin justificación, de su vivienda.

Pero ahora existe un ingrediente adicional. En fallo de tutela del 27 de junio de este año, el Juzgado 15 Penal Municipal de Cartagena, en vista del inminente desalojo programado por la doctora Amalia Jaspe Prens, ordenó a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que brinde una solución de vivienda a estas familias, incluyéndolas en el listado del programa de familias beneficiarias de vivienda.

Esta orden, que es de obligatorio cumplimiento en caso de materializarse el desalojo, traerá consecuencias muy graves para el Alcalde Mayor de Cartagena; ya que entregar viviendas a personas a quienes se les despojó injustificadamente de las que ya tenían, representa un detrimento del patrimonio del Distrito, que deberá estudiar la Contraloría Distrital, y posiblemente, también, una responsabilidad penal del Alcalde por este hecho.

Todo lo anterior, sin olvidar la problemática social que representa tener, por lo menos, 60 nuevos indigentes en la ciudad, a quienes les fue arrebatado todo lo que tenían y fueron arrojados a la calle. O alguien se ha puesto a pensar ¿qué van a hacer estas personas cuando sean desalojados de sus viviendas y no tengan un techo bajo el cual resguardarse? ¿en donde van a esperar mientras que la Alcaldía Mayor de Cartagena les resuelve un problema que ella misma les generó?

Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la doctora Amalia Jaspe Prens, Inspectora No. 1 de Cartagena, para que en lugar de materializar un desalojo injustificado del Edificio Juan B. Mainero, ordene realizar las pruebas necesarias para verificar el estado actual de la estructura del edificio, sin embargo, esta funcionaria se ha negado a escuchar las súplicas de los residentes del inmueble y en cambio procedió a fijar fecha de desalojo para la próxima semana.

De todo lo anterior dejo constancia
Jorge Useche,concejal.



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