El crimen selectivo de 12 líderes comunales y defensores de derechos humanos en el sur de Córdoba, motivó un llamado urgente al Gobierno por parte de las organizaciones de derechos humanos para que protejan sus vidas.
De acuerdo con lo señalado por Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia, no hay garantías de seguridad en la zona y reiteró que sigue campeoando el crimen, la extorsión, la minería ilegal y todos los actos que se cometían antes del acuerdo de paz.
El pronunciamiento lo hizo tras conocer la muerte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel, perteneciente al municipio de San José de Uré, Luis Arturo Royet Franco, quien fue sacado a la fuerza de su casa por dos hombres que se movilizaban en moto y luego encontraron su cadáver en un paraje denominado Puente de Piedra.
Los defensores atribuyeron el hecho a los sucesores del paramilitarismo en la zona que se están disputando el territorio de los cultivos de coca, tal y como lo denunció la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana que hizo ante el Ministerio del Interior.
Pidieron la presencia del Grupo Élite en la zona para combatir con contundencia a los grupos al margen de la ley que están sembrando el terror en todos los municipios del ser de Córdoba, especialmente en la zona rural de Tierralta, Puerto Libertador y San José de Uré, este último en disputa por cinco grupos armados.
Como se recordará, en lo que va corrido de 2018 han sido asesinados tres directivos comunales. El pasado 18 de enero fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, Plinio Pulgarín y una semana después, hombres armados dieron muerte al tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión, en San José de Uré, a Antonio María Vargas. La tercera víctima fue Royet Franco.
Ante esa situación, la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, pidió a las autoridades hacer las investigaciones correspondientes y garantizar la seguridad a los pobladores.
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