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180 profesores de zona roja de Córdoba pasarán Año Nuevo sin un peso

Un grupo de 180 profesores, contratados bajo la modalidad de Banco de Oferentes por la Gobernación de Córdoba, pasarán el Año Nuevo sin un peso en el bolsillo, pues la iglesia cristiana Jehová Edifica no les ha cancelado aún el mes de noviembre, ni sus primas, ni prestaciones.

Así lo denunciaron varios educadores de colegios alejados de las zonas urbanas de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, Valencia y San José de Uré, denominados como 'zona roja' en Córdoba por la presencia de grupos al margen de la ley.

Los profesores, a quienes les pagan un salario de 800 mil pesos más una bonificación de 246 mil pesos para alimentación y transportes, han solicitado en varias oportunidades el pago de su salario y la única respuesta que han encontrado en la Secretaría de Educación es que deben esperar, mientras que el contratrista les pide pequeños plazos que tampoco cumplen.

Les indican que la auditoría no les ha dado la certificación correspondiente y que por ello no les han cancelado. Sin embargo, ellos insisten en que prestaron su servicio completo y además con mucho sacrificio porq1ue muchos deben caminar hasta dos horas para llegar a las instituciones incluidas en el convenio.

Pese a que el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, se había comprometido a eliminar los bancos de oferentes en el presente año, firmó dos contratos con la misma iglesia, cuya sede funciona en el barrio Cantaclaro de Montería, para la prestación de los servicios educativos en el alto Sinú y San Jorge y en la zona indígena en Río Verde, Tierralta, este último por valor de 1.200 millones de pesos.

Los maestros indicaron que el contrato figura como representante legal Lina León Salas, pero que nunca han tenido contacto con ella, sino con funcionarios que trabajan en la administración departamental.

También señalaron que a los profesores no les entregaron las dotaciones que señala el contrato y que el material que le dieron a los niños era de muy mala calidad, pues al mes de haberlos entregado ya los bolsos se habían roto.

En distintas oportunidades el presidente de la Asociación Colombiana de Maestros de Córdoba, Ademacor, ha señalado que este es un problema muy profundo, que viene afectando a la educación, al departamento y a los municipios certificados hace mucho tiempo.

Explicó que se origina a raíz del acto legislativo 01 de 2001, la ley 715 y la ley 1294 del 2009 y su decreto reglamentario 2355 y que el gobierno, para resolver el problema de déficit fiscal que generó ese acto, congeló los recursos en el Sistema General de Participación; las necesidades de la población crecieron y estos se quedaron cortos para solventarlas.

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