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Abren investigación por irregularidades del PAE en Sucre y La Guajira

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gobernador encargado de Sucre, Máximo Vergara, así como a los exalcaldes de Riohacha y Uribía en La Guajira por las irregularidades en el manejo de Plan de Alimentación Escolar (PAE).

En auto conocido por COLPRENSA, la Procuraduría tomó la determinación por presuntos malos manejos en la contratación y ejecución del programa, que incluye recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, así como trasferencias del Ministerio de Educación.

Teniendo en cuenta un informe de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público abrió investigación a Alberto Iriarte Pupo, como Secretario de Educación del Sucre, así como a dos funcionarias más de dicha entidad.

Entre las presuntas faltas está haber eludido el proceso contractual previsto en la Ley 80 de 1993, la modificación irregular de los calendarios académicos y haber incurrido en un presunto detrimento patrimonial por el sobreprecio de los alimentos suministrados a los estudiantes.

Además, se investiga la entrega incompleta de los alimentos en los colegios o en mal estado.

En Rioacha, se le abrió investigación al exalxalde Rafael Ricardo Ceballos, a Luis Eduardo Dagovelt como alcalde designado, a Alejandro Rutto Martínez, como Secretario de Educación, y al encargado Luis Eduardo Medina, así como a otros 20 funcionarios más, de los cuales 18 son rectores de centros educativos.

En Uribía, La Guajira, se le abrió investigación a Abel José Giacommetto, en su condición de alcalde municipal, así como a Rubén Darío Almozo, como alcalde encargado, Zulema Moscote, como Secretaria de Educación; y a Eissa Rodríguez, como Jefe de la Oficina Jurídica.

Entre las pruebas ordenadas por el Ministerio Público está que el Ministerio de Educación de cuenta de las liquidaciones de los negocios jurídicos celebrados con la Universidad de Antioquia entre septiembre de 2013 y junio de 2015, para la supervisión de los contratos con los cabildos indígenas para el PAE en Sucre, Riohacha y Uribía.

Igualmente, pide copias de contratos, informes de hallazgos, indicar si disminuyeron los recursos para el programa en dichas regiones en el 2015 y 2016, y escuchar los miembros del Monitoreo y Control del Ministerio que realizaron las visitas respectivas.

La Procuraduría también ordenó escuchar la declaración del exalcalde de Uribía, Abel Giacommetto. 

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