Efectivos del CTI de la Fiscalía capturaron este viernes a José Vargas Palacio, quien está condenado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla a pagar cuatro años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, pero luego de ser llevado hasta URI de Barranquilla fue dejado en libertad porque no existe orden de captura contra él.
La retención se realizó en la mañana de este viernes por miembros del CTI que llegaron hasta la población del área metropolitana de Barranquilla, y luego lo trasladaron has la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el centro de la capital del Atlántico, pero luego de que se revisó su caso en la URI lo dejaron en libertad porque no existe una orden de captura contra él.
Según el fallo ratificado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Vargas Palacio deberá responder con cárcel por los delitos antes mencionados, que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla le había decretado el 19 de octubre de 2011.
Vargas Palacio había hecho la apelación defendiéndose que él no había firmado el documento cuando él fue alcalde de Galapa en 1999. Donde al parecer, según las investigaciones del ministerio público, certificó la disponibilidad inmediata de las redes para los servicios públicos domiciliarios para soluciones de vivienda en la urbanización Mundo Feliz de esa localidad, pero que a la postre resultó ser un fracaso porque nunca se hicieron las acometidas para la prestación del servicio.
El Inurbe, entidad territorial de entonces, después de la certificación del mandatario municipal, declaró elegible el proyecto de vivienda presentado por la Asociación Popular de Vivienda y entregó el subsidio de vivienda a 1.404 unidades familiares.
Pero las investigaciones arrojaron que la administración municipal no estaba en capacidad de la prestación de los servicios con los se configuraron los de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, que de hacer efectiva la condenan debe pagar 48 meses de cárcel y deberá retribuirle al Estado una multa de 50 salarios mínimos, o unos 28 millones 335 mil pesos.
Los amigos de Vargas Palacio han dicho que las denuncias, vienen desde hace 13 años y que los enemigos políticos revivieron el caso para sacar provecho en este temporada pre-electoral.
Hernando Lozano, concejal del municipio de Galapa, dijo que “la Justicia Divina está por encima de las talanqueras politiqueras de algunos enemigos del municipio quieren poner para tratar de sacar provecho en las próximas elecciones, pero el tiro les ha salido por la culata”.
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