En La II Cumbre del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la Fundación Protransparencia presentó el diagnóstico del funcionamiento del sistema, en el que se evidenciaron falencias estructurales en relación a la tasa de criminalidad frente al número de jueces y fiscales. En Barranquilla, por ejemplo, funcionan 3 juzgados penales por cada 100 mil habitantes.
Durante el evento, organizado por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico en alianza con la Fundación Protransparencia, se indicó que de 2.225 audiencias programadas en los juzgados de Barranquilla, entre enero y agosto del presente año, 1.711 fueron aplazadas por diversos factores, algunos de ellos atribuibles a los administradores de justicia y otros a fallas técnicas y ausencia de testigos.
El secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell, manifestó que en esta cumbre se realizó una dinámica importante para mejorar la relación interinstitucional con los operadores del sistema judicial.
“La Gobernación y el Distrito han hecho importantes inversiones en el sistema penal y estos espacios nos permiten interactuar con el Gobierno Nacional para lograr compromisos orientados a mejorar la oferta, fortalecer la investigación criminal y las acciones judiciales para desarticular las estructuras que afectan la tranquilidad del departamento”, indicó Polo Carbonell.
Agregó que el propósito es complementar este ejercicio con los congresistas, especialmente los de la región Caribe. “Queremos compartir con ellos el diagnóstico y poder, desde el orden nacional, revisar los temas de política criminal en términos de legislación y revisar la oferta judicial para lograr una mejor relación policía judicial, fiscales y jueces por cada 100 mil habitantes”.
El director de la Fundación Protransparencia, Horacio Brieva, explicó que el estudio realizado por esa organización evidencia que la demanda ha desbordado la capacidad de respuesta del SPOA.
“Esta situación se debe a factores como escasez de recursos, pocos fiscales, falta de una mejor operatividad, problemas de administración que el sistema no ha resuelto y tenemos una criminalidad y delincuencia asociados a la realidad social. Hay una gran presión sobre el sistema penal”, anotó Brieva.
La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, Claudia Expósito, consideró que con un trabajo mancomunado y compromiso colectivo se pueden alcanzar los resultados esperados.
“Debemos fortalecer el sistema desde el punto de vista de infraestructura física, tecnológica y recurso humano porque el tema de la oralidad requiere una mayor dedicación del funcionario de la administración de justicia. Es imposible que un juez con 800 carpetas pueda administrar justicia de manera oportuna”, manifestó Expósito.
La directora seccional de Fiscalías, Ángela Bedoya, expresó que se deben garantizar accesos adecuados al ciudadano y lograr mayor eficiencia como operadores jurídicos.
“Venimos de una situación crítica, pero eso no quiere decir que el sistema no funcione, hay que hacer grandes ajustes para que la comunidad reciba un servicio oportuno y eficaz, anotó Bedoya..
Por su parte, el asesor de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, Nabil Quijano Guevara, sostuvo que espacios como esta cumbre se convierten en un valioso instrumento para compartir el lineamiento de que la política criminal no es única y exclusivamente reactiva.
“Debemos usar medidas alternativas enfocadas a la prevención de la criminalidad. En el Atlántico se están desarrollando excelentes acciones conjuntas entre la institucionalidad para evitar los comportamientos que atentan contra la seguridad. Estos espacios son adecuados y pertinentes, y deben realizarse de manera continua”, sostuvo Quijano Guevara.
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