Anualmente, el departamento de Bolívar deja de percibir una cantidad importante de dinero, debido a que los mineros del sur de Bolívar tributan en Santander o Antioquia, según lo expresó el secretario de Minas de Bolívar, Wadi Romano Jácome.
Igualmente, expuso que, pese a que la Agencia Nacional de Minería (ANM) es la que tiene autoridad sobre la minería en Bolívar, esta no apoya a los mineros informales, para que se organicen y no sigan haciendo daño al medioambiente.
El objetivo, a la vista de Romano, sería la recuperación de la autonomía, la formalización de los mineros y el desarrollo de los pueblos del cono sur, empezando por la protección de los cuerpos de agua, la flora y la fauna.
Se dice que la minería ilegal es la causante de las inundaciones en el sur de Bolívar. ¿Cómo es esa situación?
- Es consecuencia de la informalidad con que se ejerce esa actividad. Existen unos titulares mineros que ejercen una propiedad y un uso sobre la minería, pero también existe una subcontratación que genera unos inconvenientes, porque son terrenos muy grandes. Por ejemplo: un titular minero puede tener hasta mil 500 hectáreas, por lo cual el control territorial se le hace más complejo. Desafortunadamente, hemos tenido inconvenientes en territorios de actividad minera llevada a cabo por personas de las comunidades, quienes lo hacen a espaldas del titular minero y de manera no reglamentada bajo los parámetros del Gobierno y por los estándares internacionales. Es así como usan retroexcavadoras, que es el principal elemento que causa el desvío de los ríos, la contaminación de los cuerpos de agua y la tala de árboles.
¿En cuáles zonas ocurre esa anomalía?
- En todos los pueblos apostados alrededor de la Serranía de San Lucas, que está compuesta por un territorio bastante grande, considerado por la ley segunda como una reserva de cuidado especial, pero ha habido unos trámites posteriores, que no se han podido perfeccionar, para determinar cuáles áreas de la serranía se pueden explorar y explotar y cuáles no. Eso ha implicado que la actividad continúe; y, lógicamente, en esa actividad hay titulares mineros legalizados por la Agencia Nacional de Minería. Los otros trabajan ilegalmente y están rodeados por algunas fuerzas oscuras que intervienen en el proceso.
¿Por qué no se ha emprendido una formalización total de esa actividad?
- Eso es, precisamente, lo que está buscando la Gobernación de Bolívar, junto con la Presidencia de la República, la ANM y las autoridades judiciales y militares. Por ejemplo: el mercurio está prohibido por una ley de la República, pero desafortunadamente se sigue utilizando y la consecuencia es la contaminación de las fuentes hídricas, que son las que alimentan los municipios, en cuanto a agua potable. Lógicamente, es de ahí de donde provienen las enfermedades que se detectan en esas poblaciones, donde también viven los mineros ilegales. Es decir, se trata de un proceso complejo y tedioso. Hace poco tuvimos un inconveniente en Mina Walter, entre Cantagallo y Santa Rosa del sur, donde hay un titular minero legalmente establecido y unos mineros ilegales, quienes trabajan a espaldas del titular.
¿Qué es lo que les dificulta a las autoridades controlar la minería ilegal?
- Primero que todo, la seguridad en la zona no es fácil. Segundo, las extensiones de tierra que posee un titular son demasiado grandes; y a veces la infraestructura, técnica y económica, que tiene ese titular minero es posible que no sea la mejor, y la verdad es que el proceso de exploración es bastante costoso, lo mismo que el proceso de explotación. Obviamente, al no tener ese control ni esas herramientas en un territorio tan grande, lógicamente es donde entra esa minería informal a explotar “boca minas” o “unidades de producción minera” a espaldas de los titulares mineros. Y lo más grave: el uso indiscriminado de retroexcavadoras y mercurio.
¿Qué consecuencias tiene todo eso para los tributos del departamento?
- No son las mejores, porque todo ese mineral que extraen lo llevan a tributar en Antioquia y en otros departamentos. Se trata de una situación que no hemos podido determinar, precisamente porque no tenemos el control en ese aspecto. Carecemos de la autoridad legal para poder ejercer fiscalización. Esa autoridad la tiene la ANM. La Gobernación de Bolívar y toda la clase dirigente del departamento estamos en procura de recuperar esa autoridad, como la tiene Antioquia, con el fin de hacer los procesos de fiscalización y acompañamiento hacia la formalización. Aunque otra problemática podría ser esta: hace mucho tiempo, el Banco de la República estaba autorizado para comprar el oro, pero actualmente el minero tiene dos opciones: exportarlo o venderlo dentro de la Nación. Yo he venido criticando que la ANM tiene autoridad, pero no hace acompañamiento al proceso minero.
¿Cómo debería ser ese acompañamiento?
- Hay dos clases de minería: la minería con título minero y la minería de subsistencia. Esta última es ejercida por mineros de bajo rango, quienes hacen minería a cielo abierto, artesanal y en los ríos. Con ellos es muy complejo el proceso de formalización, porque es costoso y requiere de muchos trámites, que deben hacerse en Bogotá, donde está la ANM, que también tiene un par acá en Bolívar. Sin embargo, tuvimos un problema en Mina Walter y no se hizo presente la ANM, que se supone tiene el control y la jurisdicción al respecto. De manera que cuando nosotros queremos hacer un acompañamiento con la Fuerza Pública, nos encontramos con que no tenemos las herramientas para exigirle a aquella que nos ayude a hacer cualquier intervención.
¿Cómo es la vida de las zonas mineras de Bolívar?
- Es increíble cómo abunda la pobreza. Esos pueblos no tienen vías, no tienen salud, no tienen herramientas de trabajo, únicamente la minería. Entonces, lo más recomendable sería una intervención social urgente, algo parecido a lo que se quiere hacer con la pobreza en Cartagena. En este caso sería que nos volcáramos hacia el sur de Bolívar, que siempre ha estado abandonado. Es más, la mayoría de los cartageneros no tienen ni idea de que existen esos pueblos; y los de allá se creen santandereanos o antioqueños. Entonces, hay que diseñar un plan de construcción de vías y puentes, porque actualmente para viajar al cono sur se necesitan hasta 15 de horas viaje, en los que uno tiene que salir hacia otros departamentos y volver a entrar a Bolívar. Por eso, urge un buen comité minero departamental integrado por los gremios, la academia y los titulares mineros para lograr la formalización, la competitividad y la protección del medioambiente. Se necesita que la Secretaría de Minas del departamento tenga oficinas en esa zona, para apoyar al minero en su formalización con la compañía de las corporaciones ambientales, para detener la destrucción del paisaje.
¿Qué dicen los alcaldes de esas zonas?
- Ya tengo diez cartas de aprobación de parte de ellos, donde nos conminan a que hagamos lo pertinente para que nos devuelvan la autonomía minera. No podemos ocultar que de esta actividad se lucran fuerzas armadas oscuras, lo cual no es un secreto para nadie. Lo otro es que muchos de esos mineros informales no tienen ni idea de cuáles son los elementos de bioseguridad contra el COVID-19. Incluso, ni siquiera saben qué significa esa palabra. Afortunadamente, a esas zonas corregimentales y veredales no ha llegado la enfermedad, pero tampoco podemos esperar a que llegue.
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