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650 familias en riesgo por socavones que agrietaron casas en Mina Santa Cruz

La Defensoría del Pueblo regional Magdalena Medio visitó la población Mina Santa Cruz, donde la extracción de oro se realiza debajo de las viviendas, ocasionando una grave falla geológica.

Ante la preocupante situación, la Defensoría instó a las autoridades a tomar, con carácter urgente, las medidas necesarias para proteger la vida de las 2400 personas que integran las 650 familias habitantes del corregimiento Mina Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar, puesto que sus casas se están cayendo por los socavones que abrieron para buscar oro.

Durante la visita de la Defensoría se pudo constatar que las viviendas y las calles están agrietadas y que algunas edificaciones ya colapsaron, como ocurrió el año pasado con los salones de los niños de preescolar y primero de primaria de la Institución Educativa Simón Bolívar.

Según un informe de la Gobernación de Bolívar, del Comité de Prevención de Desastres y un geólogo de la Secretaría de Minas de la Gobernación,  la falla geológica se debe, al parecer, a los socavones que la misma comunidad abrió para la explotación minera.

En algunos casos son huecos, hasta de cinco metros de profundidad que abren en los patios de las casas, y tienen un recorrido horizontal que supera los 10 metros. A ellos ingresan los hombres sin cascos, vistiendo solo camisetas, utilizando como calzado unas chancletas y en ocasiones completamente descalzos, es decir sin las mínimas condiciones de seguridad requeridas.

Generalmente, estos mineros artesanales bajan a los socavones usando sogas o por escaleras rústicas hechas con troncos. En la medida en que van abriendo camino bajo la tierra, dejan soportes improvisados de madera que tampoco son confiables para su integridad.

Lo más grave, además del riesgo para la vida de los mineros dentro de estos socavones irregulares, es que los huecos desgastan y acaban los cimientos de las construcciones, lo cual termina poniendo en peligro a las familias de estos trabajadores. 

La Defensoría del Pueblo, a través de su regional en el Magdalena Medio, envió requerimientos al Ministerio de Minas y Energía, a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía de Barranco de Loba para que se haga la reubicación de las 2.400 personas afectadas, “con lo cual se evitaría una catástrofe de incalculables proporciones”.

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