Campesinos de Mahates, a punto de quedar sin tierras

07 de octubre de 2013 12:02 AM

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Unas 80 familias campesinas del corregimiento de San Joaquín, en Mahates, le piden al Gobierno nacional que no los olvide, pues en cuestión de semanas podrían quedar unas 700 personas desplazadas tras una presunta “negligencia” de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

No cancelar un acuerdo de pago los podría dejar en la calle, luego de 8 años de estar en una finca que esta entidad les entregó tras una extinción de dominio.
Cuentan los cultivadores de la finca Songó, que perteneció a un narcotraficante, les fue entregada a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Sobre estas tierras (más de 900 hectáreas) existe un embargo hipotecario de parte de la Inversiones Namaste S.A.

La DNE, tras suscribir un acuerdo de pago comenzó a saldar más de 1.700 millones de pesos. Solo se logró hacer una abono de $228 millones.
Como la DNE incumplió lo pactado, Inversiones Namaste, por intermedio del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, solicitó una fecha para realizar un remate de estos predios en subasta pública. Esa situación tiene en vilo a los labriegos.

El temor

Hoy los campesinos temen por lo que pueda pasar con su futuro y el de sus hijos, pues el sustento diario depende de lo que produce esa zona de la población.
“Han pasado años y no hemos podido llegar a una verdadera solución. Queremos convocar a todos los entes estatales, Personería, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar, puesto que pareciera que no tuvieran ni idea de la magnitud del problema. Señor presidente Juan Manuel Santos, no es justo que se cometa este atropello con nosotros”, dijo el campesino William Yepes Polonía.

Teodoro Blanquiceth Salas, otro cultivador, precisó que desde el 29 de diciembre de 2005, cuando les entregaron los terrenos, les prometieron vincularlos a programas productivos, pero que nunca se cumplieron. “Sin embargo, hemos salido adelante y ya muchos de nuestros jóvenes están en universidades, gracias a lo que aquí se produce”, expresó el líder.

Para el abogado de los campesinos, Francisco de Paula Vásquez Campo, la situación más que todo ha sido por la falta de voluntad política, pues las directrices del presidente Santos van encaminadas a favorecer a los parceleros. “La preocupación de los campesinos es que van ser despojados de sus tierras y no saben a qué se van a dedicar si los dejan si este bien. Hemos recibido el acompañamiento del Alcalde de Mahates, quien ha manifestado su total respaldo a esta comunidad”, indicó. Lo que se pretende es evitar que se vayan por las vías de hecho.
Otra problemática es que en días pasados el Incoder les liquidó los contratos que se les hizo por cinco años, sobre esos predios.

El Universal se intentó comunicar ayer con María Luisa Brochet, directora del Incoder, pero no fue posible conocer su posición sobre esta problemática.

Cantillo pide ayuda

El alcalde de Mahates, Nicolás Cantillo, precisó que “hemos estado luchando para que estas 80 familias que recibieron estos beneficios no pierdan sus tierras, porque sería ilógico que con las políticas del Gobierno nacional sean despojadas. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que nos ayuden”.

Los labriegos vienen trabajando en una parcela de nueve hectáreas por familia y el municipio de Mahates posee un lote de 270, que fue declarado zona de reserva forestal.

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