La Alcaldía de San Jacinto, el Ministerio de Defensa y la Nación fueron condenados a pagar cerca de 30 mil millones de pesos por el asesinato del líder campesino José Celestino Ávila Herrera y el desplazamiento de más de 250 personas en el corregimiento Las Palmas, jurisdicción de San Jacinto en el año de 1999.
Según la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar, en fallo de segunda instancia, se pudo comprobar que el crimen lo cometieron infantes de marina, comandados por un oficial desde el corregimiento de Bajo Grande, que se hicieron pasar por un grupo armado ilegal y con lista en mano procedieron a asesinar a varias personas.
Este hecho produjo el desplazamiento masivo de las personas que habitaban en esa población.
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