A través de la sentencia T 149-17, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ordena al Distrito y al municipio de Turbaco reubicar, de manera transitoria, a siete familias que viven en alto riesgo en la Urbanización El Rodeo, de ese municipio.
Lo anterior tras considerar que se les están violando los derechos fundamentales a la vivienda digna y seguridad personal, al presentar sus casas agrietamiento y filtraciones de agua, producto de estar ubicadas en un terreno arcilloso e inestable con volcanes de lodo.
Situación que empezó a notarse a los pocos meses que las familias recibieron las viviendas de interés social que construyó la promotora La Concordia, hoy en liquidación, y que se agravó con ola invernal de 2016.
Los problemas de habitabilidad en la urbanización, llevaron el 17 de mayo de 2016 a la Defensoría del Pueblo-en ese entonces a cargo de la abogada Irina Junieles Acosta- a interponer una tutela para amparar los derechos de los afectados.
Dicho recurso falló en contra en primera instancia, en una sentencia proferida por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Turbaco, el 31 de mayo de 2016. Tal decisión, fue confirmada el 28 de junio del mismo año, en una segunda instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de la misma población.
Así las cosas, luego de revisar los fallos que negaron el amparo invocado, la Corte los deja sin piso mientras el Tribunal Administrativo de Bolívar resuelve una acción popular que interpusieron decenas de familias en 2014.
Estudio del suelo
En la sentencia se conmina, además, a que se contrate un perito para que haga estudios del suelo y estructurales, con el fin de establecer el estado de las viviendas y su estabilidad.
"Tal actividad debe llevarse a cabo con el fin de determinar si la reubicación temporal de las siete familias debe mantener ese carácter o debe volverse definitiva, luego de constatar la inhabitabilidad de los hogares", señala un aparte de la providencia.
De igual forma, ordena que los estudios también se hagan a las 377 casas en más de 20 manzanas que componen la urbanización, y se identifique el núcleo familiar, en aras de evitar riesgos que atenten contra la integridad de los habitantes.
Finalmente, la Corte solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Turbaco que acompañen el cumplimiento de todas las ordenes impartidas en esta decisión.
