Durante una visita de cuatro días al municipio de Achí (Sur de Bolívar), una Comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio comprobó las quejas de la comunidad en relación con las presión que ejercen los grupos armados ilegales, particularmente para reclutar a menores de edad.
De acuerdo con lo informado por la Defensoría, por medio de amenazas y constreñimiento a la población, las llamadas bandas criminales buscan llevarse a los niños de la zona.
La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio realizó durante cuatro días una visita humanitaria al municipio de Achí (Bolívar), en la cual pudo verificar las quejas de la comunidad en relación con las presión que ejercen los grupos armados ilegales, particularmente para reclutar a menores de edad.
Estos grupos armados, particularmente las denominados 'bandas criminales' buscan llevarse a los niños a través de amenazas y constreñimiento a la población; una situación que ha sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de informes de riesgo y notas de seguimiento, que dan cuenta de la vulnerabilidad de los menores de edad.
En el informe de riesgo No. 32 de 2013, vigente para San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, municipios vecinos de Achí, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advierte del riesgo que enfrentan cerca de 20.000 habitantes tanto de áreas rurales como urbanas, especialmente miembros de organizaciones sociales de víctimas en procesos de reclamación, mineros, pescadores en procesos organizativos, miembros de juntas de acción comunal, docentes, servidores públicos locales, defensores de derechos humanos, y niños, niñas y adolescentes.
Situación similar a la de estos tres municipios y de Achí enfrentan los habitantes de Tiquisio y Norosí, advierte la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio y asegura que la falta de educación es uno de los factores que aumenta el riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado y utilización por parte de estructuras ilegales.
De acuerdo con lo informado, la Defensoría del Pueblo ha advertido a las autoridades competentes sobre la exposición de la población civil que habita dichos municipios del sur de Bolívar, a sufrir graves violaciones a los derechos fundamentales, como consecuencia del accionar violento de los grupos guerrilleros Farc y ELN y de los grupos post desmovilización: 'Urabeños' y 'Rastrojos'.
"Estos grupos utilizan la ubicación estratégica de estos municipios como corredor de movilidad y zona privilegiada para la explotación agrominera y el dominio de los circuitos de narcotráfico entre el nordeste de Antioquia, los departamentos de Córdoba y Sucre, el sur de Cesar y Norte de Santander", destaca el informe de riesgo del SAT.
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