En un documento radicado ante el Ministerio de Salud, la defensora del Pueblo regional Bolívar, Irina Junieles Acosta, expresa la preocupación que existe en la región por los pocos avances en el restablecimiento de la salud de más de 750 niñas en El Carmen de Bolívar, que padecen síntomas comunes. Lea aquí (Aumenta número de niñas enfermas en El Carmen de Bolívar)
La funcionaria señala en el documento que a pesar de las reuniones en mesas de concertación con el nivel nacional, departamental y local, y del esfuerzo institucional, incluyendo el de los hospitales locales y algunas EPS, sigue sin resolver la situación de salud, sumiendo a todas las familias en una permanente angustia que afecta a todo el municipio.
Anotó que el pasado 24 de octubre, la Defensoría se reunió con los padres de las estudiantes, organizados en dos asociaciones que buscan la garantía de los derechos que se vienen vulnerando en este caso: salud, integridad física y dignidad humana; y el balance frente a los compromisos institucionales y a la práctica de los derechos es negativo.
“No podemos sino hacer énfasis en que además se trata de sujetos que por su condición de edad y género deberían contar con la especial protección estatal”, expresó Junieles.
Asegura que visitó los centros de salud locales y se encontró que los trabajadores de la ESE Giovanni Cristini han declarado el cese de actividades, motivo por el cual el único hospital que hoy está recibiendo pacientes es el Hospital Nuestra Señora del Carmen.
En la carta, Junieles precisa que la atención médica en salud, lejos de mejorarse después de los compromisos asumidos por las entidades públicas, es compleja, puesto que cuatro médicos del Hospital renunciaron y no ha podido superarse.
Así mismo advierte sobre el agotamiento físico y mental que presenta el cuerpo médico local después de los más de cinco meses que lleva esta situación, y que a la fecha registra oficialmente, solo en el Hospital del Carmen, 1708 atenciones a 591 pacientes.
A esto se suma el cuantioso número de pacientes que asisten al hospital diariamente afectados por el Chikungunya, y el invierno, que está dificultando, más de lo normal, el traslado y atención de las niñas de los corregimientos.
“De conformidad con lo anterior le manifiesto, que lejos de que las acciones emprendidas hasta la fecha hayan dado como resultado la solución concreta de los casos, la situación tiende a agravarse, y solo ha podido resolverse de manera definitiva en un pequeño porcentaje. Desde junio de 2014, primera fecha en la que dimos cuenta al Ministerio de esta situación, los casos siguen aumentando”.
Junieles le manifestó en el documento al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que los problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias, y el Estado en su conjunto no puede seguir dilatando la intervención urgente que este municipio requiere para superar la situación que está presente día tras día.
La Defensora le recomendó al jefe de la cartera de Salud tomar todas las decisiones administrativas necesarias para fortalecer el personal médico general y de especialistas en El Carmen, ya que hoy son insuficientes para la atención de las niñas afectadas por los síntomas comunes, y que vulneran o amenazan de manera permanente su dignidad y su salud.
Igualmente entregar a las instituciones de salud del municipio el equipamiento necesario para la atención de las pacientes, incluyendo establecer espacios de atención adecuados, instrumental, ambulancias, y en general lo que se requiera para la atención de las pacientes de todo el municipio.
Junieles pidió además habilitar de forma adecuada los centros médicos de los corregimientos del municipio, como el de Caracolí, que podría dar lugar a la atención adecuada, remitiendo hasta el casco urbano los casos que el personal médico ordene.
También solicitó ordenar a quien corresponda la entrega de los resultados de las muestras para exámenes clínicos que se recogieron por parte del Instituto Nacional de Salud hace varios meses, y que a pesar de los compromisos pactados, a la fecha no han sido entregados a los padres.
De igual modo, adelantar reuniones con los padres de familia para explicarles de manera clara y satisfactoria todo lo concerniente a los resultados encontrados; e instar a todas las entidades del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento de la Prosperidad Social (Dps), los Ministerios de Educación y de Cultura y la Superintendencia de Salud, para que le brinden la atención integral a la población afectada.
Además la Defensora llama la atención sobre la necesidad de articular con las autoridades departamentales y municipales el desarrollo de todas las acciones tendientes, desde sus respectivas competencias, para la atención oportuna y adecuada de las niñas, hasta que restablezcan su salud; y ejercer una vigilancia especial que permita que las EPS presten sin dilaciones los servicios ordenados por la ley, hasta la total recuperación de las pacientes.
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